De ser aprobada por los jueces, se investigarán los hechos ocurridos en Filipinas entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019.
Fuente: DW
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió autorización judicial para investigar la guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad.
«La información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles”, dijo la fiscal jefa, Fatou Bensouda, en un comunicado.
En la solicitud de investigación, de 57 páginas, se dice que en el país se han sucedido «ejecuciones extrajudiciales” que «parecen haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del Gobierno filipino”.
La Fiscalía de la CPI ya había abierto un examen preliminar a Filipinas en febrero de 2018, lo que provocó que este país se retirase del tribunal el 17 de marzo de 2019. La investigación por la guerra contra las drogas, de ser aprobada por los jueces, se ceñiría a hechos sucedidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019.
«La corte mantiene la jurisdicción sobre los delitos que presuntamente ocurrieron en el territorio de ese Estado durante el período en que era Estado Parte”, recordó Bensouda. Así mismo, dijo que también debe abrirse una investigación por los delitos de tortura y otros actos inhumanos cometidos supuestamente en Filipinas desde el 1 de noviembre de 2011.
La jurista gambiana indicó que no se pronuncia sobre «las políticas e iniciativas internas de ningún gobierno destinadas a abordar la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parámetros de la ley”, y que la información de la que dispone le obliga a actuar «de conformidad con su mandato” como fiscal de la CPI.
La solicitud de investigación debe ser revisada ahora por una sala de cuestiones preliminares de la CPI compuesta por tres jueces, que podrían tardar semanas o meses en autorizarla o denegarla. Si las pesquisas son aprobadas, la Fiscalía tendría la potestad de recopilar pruebas adicionales de forma directa, contactar con posibles testigos y, eventualmente, solicitar órdenes de arresto. No obstante, los investigadores no podrían entrar en territorio filipino si el Gobierno les deniega el ingreso.
mn (EFE, AFP)