Exministra de gobierno de Ecuador asegura que su país no envío “armamento de guerra”

El 10 de junio el ministro Del Castillo dijo que había versiones «extraoficiales» de que llegaron armas letales en noviembre de 2019.

Mauricio Quiroz Terán 

 

Fuente: El Deber



La exministra ecuatoriana de Gobierno María Paula Romo aseguró que su nación no envío “armamento de guerra”, tal como lo había señalado el ministro boliviano Eduardo Del Castillo. Eso sí, explicó que el préstamo de gases lacrimógenos a Bolivia se dio en el marco de una cooperación entre las policías.

“De ninguna manera se trata de material militar o de guerra, porque la Policía de Ecuador no posee material de ese tipo”, declaró Romo a los medios de su país.

El 10 de junio el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que existía “información extraoficial” de que “por parte de la administración de Lenín Moreno”, llegaron “municiones de alto calibre, municiones de guerra”.

El 27 de mayo de 2020, Hernán Patricio Carrillo, quien fue comandante de la Policía en el gobierno del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, envió el oficio 289-CG-2020 al coronel José Luis Frías, entonces agregado militar de Bolivia en Ecuador, para solicitar la devolución “del material que fue entregado el mes de noviembre de 2019”.

La misiva detalla las cantidades que debían ser devueltas: 5.000 granadas de mano GL-30; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

Por este caso, el legislador ecuatoriano Fausto Jarrín de la coalición política de oposición Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa, presentó una denuncia contra el expresidente de su país Lenín Moreno, además de Romo, porque considera que este préstamo fue irregular.

El político dijo que la causa “se coordinará” con las acciones judiciales con Bolivia. El lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), ya había anticipado “una coordinación” con legisladores ecuatorianos frente a este caso.

En Bolivia, también se investiga a los exministros Luis Fernando López y Arturo Murillo por la compra de gases y munición no letal para la Policía, una operación que pudo provocar un daño económico al Estado por más de dos millones de dólares.

Murillo está detenido en Estados Unidos bajo sospecha de recibir sobornos y conspirar para lavar dinero con los propietarios de la empresa intermediaria que posibilitó la adquisición de esas municiones para la Policía.