Fernando Vargas, asfixiado por el poder, pide ayuda para su esposa

El exdirigente indígena de Bolivia, que lideró la marcha en defensa del Tipnis, ha sido despedido más de una vez de empresas que argumentaron no querer tener problemas con el Gobierno; hace 10 años está sin empleo.

Ivone Juárez /  La Paz



“Triste, 10 años que no puedo conseguir trabajo, mi pecado fue defender el Tipnis, me dieron muerte civil, lo mismo que a mi esposa, nos quitaron todo. Hoy, entre lágrimas, ruego que mi esposa no muera, qué triste es el destino; rogué que me ayudaran dándome trabajo, nunca lo hicieron. Tengo rabia y dolor, qué hice, no vi los alcances de mi defensa. Dios dame fuerzas. Sólo Dios, él sólo está con nosotros”, escribió Fernando Vargas hace unos días en su cuenta de Twitter.

Vargas,  que en 2011 encabezó la  marcha indígena exigiendo la paralización de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el  Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis),  atraviesa por un calvario desde que su esposa María Alba volvió a enfermar con la Covid-19. Ésta es la tercera vez que  el virus ataca a su compañera y ahora  complicó el funcionamiento de sus pulmones, riñones, de su hígado  y corazón, además de que le desencadenó una serie de alergias.

Vargas intentó internarla en uno de los hospitales públicos de Trinidad, donde radican, pero no tuvo suerte porque en ninguno hay espacio. Ni siquiera puedo lograr que le realizaran una tomografía porque  el tomógrafo que se tiene en Trinidad está en mal estado.

“La situación es crítica, la llevé al hospital el lunes pero no la pude internar porque no había espacio, no hay medicamentos;  la única tomografía en el Materno Infantil de Trinidad no funciona. Tuvimos que volver no más  a la casa. Desde ahí estamos tratando de ver cómo encarar este tema, pero no tenemos recursos económicos. Necesitamos un tensiómetro, un oxímetro, glucómetro y vitaminas”,  señala el líder indígena que también fue atacado por el virus, hace un mes.

El año pasado perdió a uno de sus hijos, a Juanito. La tragedia se sumó al sufrimiento que enfrenta desde que -afirma- decidió ponerse frente a los planes del gobierno de Evo Morales de construir una carretera  atravesando el Tipnis, donde él nació hace 56 años.

Vargas denuncia que desde entonces no puede conseguir trabajo. Los que logró fueron interrumpidos por sus empleadores, argumentando que no quieren tener problemas con el Gobierno. El extremo se dio cuando hace unos meses, su esposa pidió un crédito en una entidad bancaria en Trinidad; el préstamo estaba autorizado, pero cuando los ejecutivos de la entidad financiera se enteraron que María Alba era esposa del dirigente indígena, inmediatamente lo suspendieron.

“Desde hace más de 10 años que no puedo conseguir un trabajo, me vetaron, en pocas palabras me condenaron a la muerte civil. Me enfermé con Covid, si estoy vivo es gracias a un amigo periodista. El año pasado perdí a mi hijo, la situación es dura, mi esposa está pasando una situación crítica y no quisiera sufrir más de lo que estoy sufriendo con mi familia”, expresa el dirigente que conversó con Página Siete desde Trinidad. Ésta es la conversación.

¿A qué está dedicado ahora? 

Después de la novena marcha, a partir de entonces no pude conseguir un trabajo, me vetaron. En pocas palabras,  me condenaron a la muerte civil y no he podido trabajar en ninguna empresa. Acá, en Beni, estuve trabajando en una empresa china pero cuando se dieron cuenta de que era Fernando Vargas, me agradecieron por mis servicios y me despidieron. Me dijeron: “No podemos tenerlo aquí, nos puede ayudar mucho con el tema ambiental, pero no podemos mantenerlo en el trabajo porque tendremos problemas con el Gobierno”. Me fui a Santa Cruz a trabajar a una empresa, donde, cuando se dieron cuenta de quién era yo, Fernando Vargas, también me despidieron. “Don Fernando,  lamentamos mucho pero no podemos darle trabajo porque tendremos problemas con el Gobierno”, me dijeron.

La situación es crítica desde hace años. Estuvimos sobreviviendo  con la venta de chocolates, de comida, cuando se puede, porque con el problema de la Covid ya no es posible. A pesar de ello seguimos en la lucha, pese a que, me duele decirlo, luchar en Bolivia por el medioambiente, las áreas protegidas, por los derechos humanos o defender el derecho de un pueblo parece un delito. En otros países las autoridades apoyan este tipo de lucha, pero en Bolivia no, pasa todo lo contrario. Las consecuencias que estoy pagando son muy duras, pero tenemos que seguir adelante.

El líder  indígena en una conferencia de prensa en 2012.
Foto:Archivo Página Siete

¿Cómo se mantiene?

En estos tiempos de Covid tratamos de vender chocolates, hacemos pasta artesanal, pero ahora está más difícil. La situación es muy crítica,  por eso me atreví a pedir ayuda a través de los medios de comunicación, para ver si puedo conseguir ayuda para comprar medicamentos para mi esposa, para hacerle los exámenes de laboratorio que necesita y la tomografía. La situación en Trinidad es crítica, todos los días muere gente, sólo en los tres últimos días he visto morir a más de 10 personas.

¿Cuándo comenzó a sentir esa muerte civil?

Después de la novena marcha. A partir de 2013, cuando Gumercindo Pradel (quien apoyó al gobierno de Evo Morales en la construcción de la carretera por medio del Tipnis)  convocaba a un encuentro  ya me perseguían. Cuando iba a La Paz, siempre estaba la gente del Gobierno persiguiéndome, sacándome fotos y agentes encubiertos me seguían permanentemente y el exministro  Juan Ramón Quintana me amenazó con expulsarme del país como si yo fuera un extranjero. Cuando regresaba a Trinidad siempre me estaban esperando en el aeropuerto, pero los amigos, los mototaxistas, siempre estaban pendientes de mi llegada y de mi salida, y  me alertaban. “Don Fernando,  lo están siguiendo, pero nosotros siempre le avisaremos porque no queremos que le hagan nada”, me decían.

Pero la mayor persecución comenzó en 2014, después de la intervención de los corregidores a la gestión de Gumercindo Pradel, en San Pablo, cuando hubo una acusación de intento de asesinato y me interpusieron una demanda que no prosperó. Llegaron policías desde La Paz para secuestrarme, pero no lo hicieron.

Luego empezaron la amenazas telefónicas. La primera vez me ofrecieron más de dos millones de dólares para que dejara la defensa del Tipnis. “¿Cuánto vales para que dejés de joder al Gobierno,  al presidente Evo? Con estos dos millones de dólares puedes vivir bien”, me dijeron. Yo les respondí que mi dignidad y mis derechos no valían ni un centavo, sino respeto; ese respeto que yo me gané sin engañar a nadie, sin robar a nadie. Luego vinieron las amenazas de muerte en mi contra y las amenazas de secuestrar a mi hijo. Después ya no pude conseguir trabajo.

¿No recibió apoyo?

No,  porque lo denuncié públicamente.

Fernando Vargas  en medio de periodistas, en 2011.

¿En qué momento sintió mayor presión?

A partir de 2014, fue una situación crítica para nosotros. Había momentos en que no teníamos ni para alimentos, fue muy crítico. Mi hija estaba todo el tiempo desesperada,  con miedo, buscando explicaciones a nuestra situación. Muchas veces nos echaron como  perros de las piezas que alquilábamos porque nos amenazaban con poner bombas a la casa. Trataron de asaltarme,  de  atropellarme.

Por falta de trabajo, de recursos, no pude hacer curar a mi hijo Juanito, se me murió a los 30 años.

Felizmente todo paró,  ahora podemos dormir sin miedo;  mis hijas ya no gritan de miedo en la noche, pero  ellas y mi esposa ya no tienen lágrimas de tanto llorar. Ahora estamos agobiados por la grave situación de mi esposa, pero no nos desanimamos, seguimos adelante. Aunque hace unos meses en el banco le negaron un préstamos a mi esposa porque supieron que Fernando Vargas era su compañero. Yo la acompañé al banco y cuando me vieron le dijeron: “¿Usted es la esposa de don Fernando? No podemos prestarle nada, tenemos una orden del Gobierno, si a ustedes les damos un préstamo nos van a cerrar”.

Sé que muchos valoran lo que hicimos, otros no, pero eso no importa, lo hicimos con convicción, valores y principios,  sin esperar nada a cambio, sólo por defender los derechos de aquellos que no lo pueden hacer porque no se animan, tienen miedo o porque están amenazados.

En otros países, defensores como usted son muy valorados.

En otros países son valorados pero en otros no, como en Guatemala o Brasil, por ejemplo, donde son perseguidos y asesinados, por lo menos acá no está tan extremo; sin embargo, siempre está la persecución, la amenaza contra cualquier persona que quiere o pretende luchar por los demás. Lo ven mal, como que uno se opone al desarrollo; el desarrollo no es simplemente explotar y explotar, el desarrollo es saber cómo establecer un desarrollo sostenible, un aprovechamiento con transformación, estudio y planificación; no hacer las cosas sin procedimiento, rompiendo las normas. Se puede mejorar la calidad de vida de cualquier ser humano cuando se tiene interés y desde el Gobierno nace una política de gestión ambiental que establece ordenar todos los recursos que un territorio tiene para aprovecharlos, para restaurarlos, para conservarlos.

En Bolivia aún no tenemos una política de gestión ambiental, una política que permita a la autoridad enfrentar un plan de desarrollo poniendo por delante la igualdad de condiciones para todos los bolivianos, sin mirar colores políticos.

¿Cuánto le costó su  causa a su familia?

Esa lucha ha sido muy triste. Tengo 12 hijos y ellos ya son jóvenes, tienen su propia vida. Aún tres niñas pequeñas, pero ahí estamos  y lo fundamental es que seguimos adelante. A pesar de todo el sufrimiento seguimos adelante.

La marcha indígena  que partió de Trinidad en agosto de 2011 y llegó a la ciudad de La Paz.
Foto:Archivo Página Siete

¿Cuáles son sus planes?

Lo primero salir de la universidad, graduarme en derecho. Comencé la carrera hace años y debí haberla concluido hace cuatro, pero por el tema económico no puede. Voy a terminar la carrera y me especializaré en derecho ambiental internacional y derecho penal,  y empezar para seguir luchando por el bien del país. Yo soy técnico en medioambiente y con esos conocimientos asesoré  a mis compañeros en la Subcentral del Tipnis  desde 1991 hasta 2011, cuando asumí la dirigencia y organizamos la marcha contra el proyecto de construir la carretera por el corazón del Tipnis.

Sigo firme para defender este patrimonio natural que nos pertenece a todos los bolivianos.

Tan cierto es lo que afirma Fernando Vargas que ayer viajó al Tipnis a un encuentro de corregidores para abordar el surgimiento de una dirigencia paralela en la región.

“Se presentó un paralelo de la subcentral  que no deja trabajar al directorio. La política no sólo destruyó a la familia indígena, sino a toda la sociedad organizada”, señala  Vargas.

El líder comenta que el actual directorio del Tipnis quiere reunirse con el nuevo  gobernador de Beni, Alejandro Unzueta,  para hablar de la carretera, pero por el trazo que proponen los pueblos indígenas: Villa Tunari, Camira Colereto-Trinidad, orillando el Tipnis.

“Ésa es la posición que quieren llevar al nuevo Gobernador, también quieren hablar con la alcaldesa de Loreto, Gaby Balcázar. Estamos ahí para ayudar, para asesorar a los compañeros, para demostrar que no estamos en contra de la carretera sino en contra de la destrucción de un hábitat de los pueblos indígenas, del patrimonio del pueblo boliviano como es el Tipnis”, afirma el líder que a pesar de seguir viviendo un calvario personal está listo para asesorar a sus hermanos indígenas.

Las personas que quieran ayudar a Fernando Vargas pueden comunicarse con los números 605-62819 o 655-36753. Si desean colaborarle con un aporte económico pueden hacerlo en la cuenta  de Bancosol 1089290-000-001, a nombre de María Alba Guillén.