Bolivia votó contra resoluciones que condenaron el uso de armas químicas en Siria, rechazó resoluciones sobre la situación en Venezuela y contra la represión y arrestos arbitrarios en Nicaragua.
Fuente: Página Siete / La Paz
Sacha Llorenti, Diego Pary, José Alberto Gringo Gonzáles y Héctor Arce son las figuras políticas que, en representación de Bolivia, en determinados momentos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) alinearon a Bolivia con países que vulneran derechos humanos como Siria, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, Bolivia pidió en la ONU su exclusión del pronunciamiento que condenó el golpe de Estado en Myanmar.
Andrés Guzmán, analista internacionalista, ve que los representantes del Gobierno ante organismos internacionales anteponen una ideología política de “extrema izquierda” antes que los derechos humanos. Desde CC se califica como vergüenza la postura del país ante la vulneración de derechos humanos, mientras que el MAS afirma que hace falta conocer a profundidad la situación de esos países, y se indica que el Gobierno no está a favor de la vulneración de derechos humanos.
El 28 febrero de 2017, Bolivia, representada por Sacha Llorenti ante el Consejo de Seguridad de la ONU, votó contra la resolución que tenía como objetivo sancionar a Siria por el uso de armas químicas contra civiles durante el gobierno de Bashar Al Asad. El ataque con gas sarín dejó centenares de muertos y heridos.
En esa oportunidad Llorenti justificó: “La propuesta no es otra cosa que un intento de instrumentalización política del Consejo de Seguridad, cuyo objetivo no es la búsqueda de la paz en Siria, ni tampoco identificar a los responsables de manera independiente y objetiva del uso de armas químicas en esa región”. Ese mismo año, Bolivia votó a favor de Siria y en contra de sanciones por el uso de armas químicas en cuatro oportunidades más.
Asimismo, en los últimos años José Alberto Gringo Gonzáles votó a favor de Venezuela en diferentes resoluciones de la OEA, cuando fue embajador ante ese organismo desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019.
Bolivia rechazó la resolución de la OEA que declara ilegítimo el actual mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Con 19 votos a favor, el Consejo Permanente de la OEA decidió el 10 de enero de 2019 no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Maduro y pedir nuevas elecciones. Seis países votaron en contra, entre ellos Bolivia.
En la asamblea del 28 de junio de 2019 , cuando la OEA aprobó la resolución sobre “La situación de Venezuela y la crisis de migrantes venezolanos”, Bolivia aclaró que se “reserva el derecho de reconocer resoluciones y declaraciones aprobados con la participación de Estados no miembros”, en referencia al retiro de Venezuela por parte del gobierno de Maduro, y no reconoció a la representación enviada por Juan Guaidó.
El 28 de agosto de 2019, Bolivia se abstuvo de apoyar la resolución de la OEA que condenaba “las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, incluidos el uso de la tortura y la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la negación de derechos y necesidades básicas, especialmente con relación a la salud, la alimentación y la educación”.
Este año, los representantes de Bolivia ante la ONU y la OEA, Diego Pary y Héctor Arce, respectivamente, votaron a favor de Nicaragua y en contra de resoluciones que condenaban las represiones y arrestos arbitrarios en ese país.
El 23 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que condena la represión en Nicaragua e insta a su gobierno a garantizar elecciones libres. Bolivia, representada por Diego Pary, votó en contra de la misma, l igual que Cuba, China, Venezuela, Filipinas, Eritrea, Somalia y Rusia.
Casi un mes antes, el 12 de febrero, Bolivia había solicitado que se excluyera su nombre de la resolución de la ONU que condenó el golpe de Estado en Myanmar por parte de las Fuerzas Armadas.
En la OEA, el 15 de junio, el Consejo Permanente aprobó una resolución de condena al arresto, “acoso y restricciones arbitrarias” a precandidatos presidenciales y a los partidos en Nicaragua, y pidió la liberación de los presos políticos. Arce juró en Cancillería como embajador ante ese organismo el 11 de junio. La representación nacional en esa instancia votó en contra de la resolución.
Al respecto, el analista Andrés Guzmán señaló: “Se percibe que Bolivia está apoyando o encubriendo actos criminales de otros países y no condice con lo que ha sido la doctrina internacional de Bolivia en la política exterior. Es un fanatismo que se está manejando en la política exterior. Se muestra que Bolivia es un país de extrema izquierda y eso perjudica mucho nuestra imagen internacional”.
Mientras que la diputada Gabriela Ferrel, de CC, calificó estos hechos como una “vergüenza” y dijo que responden a una “actitud” que tiene el Gobierno en Bolivia. “Van en esa línea de no respetar la democracia, contra de las libertades y los derechos humanos”, expresó.
Por su parte, el diputado Ramiro Venegas, del MAS, señaló: “Habría que ver el tema de fondo, cuál es la realidad que actualmente están viviendo esos países, porque a veces las noticias no son exactas, habría que vivir ahí”, dijo antes de afirmar que el Gobierno no está a favor de la vulneración de derechos humanos.