Avasallamientos marcan los 68 años de la Reforma Agraria en Bolivia

Este 2 de agosto se conmemoran 68 años de la Reforma Agraria y el conflicto de tierras sigue latente en el país. Indígenas del oriente boliviano acusan  al estatal INRA de entregar territorios indígenas a los interculturales del gobernante MAS.

 

  • Loteamiento en el antiguo aeropuerto de San Ignacio. | El Deber

Este 2 de agosto se conmemoran 68 años de la Reforma Agraria y el conflicto de tierras sigue latente en el país, especialmente en Santa Cruz, donde autoridades indígenas acusan y denuncian al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de entregar territorios indígenas a los interculturales afín al Movimiento Al Socialismo(MAS).

A eso se suma la muerte de Lino Peña Vaca (78), quien fue víctima de agresiones en un enfrentamiento del 5 de julio, entre interculturales e indígenas de San Ignacio de Velasco, en la comunidad de Eben Ezer. Aunque el Ministerio de Gobierno asegura que Peña falleció por Covid-19.



El líder cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, explicó que los problemas surgieron después de que el INRA dotará la tierra de los indígenas del oriente boliviano a los interculturales afines al MAS.

Recordó que los chiquitanos viven y trabajan en Eben Ezer desde hace 20 años y que en 2016 solicitaron al INRA que les asigne esos predios, pero dos años después el ente agrario les indicó que se entregaron tierras en otro lugar, en San José de Campamento de Alto Paraguá, a 200 kilómetros de donde viven. Y ese predio que habitan por años se otorgó a los interculturales, que le han puesto el nombre de Jerusalén III.

Tras la muerte de Peña, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al INRA de dotar irregularmente tierra a un grupo de interculturales que ya era ocupada por indígenas chiquitanos.

Demanda

Las autoridades orgánicas del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) de Charagua Iyambae presentaron una demanda ante el Tribunal Agroambiental contra el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) por la falta de respuestas en el avasallamiento en su territorio.

La Gaioc solicita a las autoridades judiciales que actúen en favor del pueblo indígena, obligando a la ABT y al INRA a aplicar medidas cautelares en contra de avasallamientos y la quema descontrolada de bosques. “Se pide que el Tribunal

Agroambiental obligue a estas instancias nacionales a aplicar medidas cautelares provisionales y definitivas, con la finalidad de evitar daños ambientales y culturales al territorio de la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae”, dijo su representante, Ronal Caraica.

La demanda fue interpuesta el miércoles en el municipio de Camiri en Santa Cruz. Las autoridades indígenas solicitaron en varias oportunidades reunirse con el INRA y la ABT, pero no tuvieron ninguna respuesta.

Entre las medidas cautelares provisionales, exigen la paralización de asentamientos en el Área de Conservación e Importancia Ecológica (ACIE) Ñembi Guasu, además de la revisión de las resoluciones para su posterior anulación.

Los líderes indígenas invitaron al INRA y la ABT para una reunión el 3 de agosto; de lo contrario, no descartan aplicar medidas de presión.

La Mesa Permanente por los Bosques denunció el avasallamiento de bosques en los municipios cruceños de: Carmen Rivero Torres, Roboré, San José de Chiquitos, y la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, en los parques Nacionales Otuquis, Ñembi Guasu, y Tucuvaca.

EL SANEAMIENTO CONCLUIRÁ EN 2023

El INRA tiene previsto concluir con el proceso de saneamiento y titulación de tierras hasta el año 2023.

Entre 2006 y 2021, el INRA emitió un millón de títulos de propiedad agraria y alcanzó a 2.627.844 productores beneficiados, muy por encima de lo registrado en el periodo 1996-2005, cuando entregó 25.450 títulos de propiedad agraria a solamente 145.512 agricultores, señaló ABI. Según un reporte oficial, entre 2006 y 2021, la superficie saneada y titulada es de 80 millones de hectáreas, de las cuales 26 millones son tierras fiscales y 53 millones corresponden al título agrario. Además, entre 2006 y 2021, en la superficie saneada y titulada se invirtió 244 millones de dólares.

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