Cívicos advierten que «la política de colonización intensiva» permitirá el desmonte de 500.000 hectáreas

 

Fuente: El Deber / Bolivia
 

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, hizo sus observaciones respecto a los 25.000 nuevos títulos de propiedad que el presidente Luis Arce Catacora entregaría este lunes en el municipio de San Julián, los cuales permitirán que 500.000 hectáreas sean desmontadas a raíz de estos asentamientos.

Con esta «política de colonización intensiva» mediante la entrega de tierras chiquitanas, el ejecutivo  pretende alterar la «balanza electoral», según Larach, que participó en el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

El dirigente también se refirió a la problemática de la tierra que será abordada este lunes tanto en la Comisión Agraria Departamental (CAD) como en la Asamblea de la Cruceñidad.

En relación al fallecimiento del indígena chiquitano Lino Peña, el cívico resaltó que antes de la confrontación, la víctima no requería intervención hospitalaria ni padecía de Covid-19. «El pueblo chiquitano se enfrentó a ciudadanos de otras latitudes. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el chiquitano tuvo que ser trasladado al hospital. Antes del enfrentamiento, no tenía el virus», remarca Larach.

La problemática por la tierra y territorio será uno de los temas centrales de la Asamblea de la Cruceñidad convocada para este lunes, 2 de agosto. «Los cívicos provinciales llegan con una propuesta bastante dura, aunque está sujeta a lo que acontezca en la CAD», anticipó el vicepresidente de la entidad cívica.

En el marco de la asamblea, los cívicos también contemplan referirse a la propuesta de ley 108 sobre financiamiento de terrorismo «que es una nueva ley 1.008», advirtió Larach.

Adelantó que esta nueva normativa «puede afectar a un sector informal» que no siempre podrá justificar su fuente de ingreso. Además, considera la ley como un «mecanismo de extorsión» por parte del ejecutivo.

Finalmente, el representante cívico lamentó la actitud del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa que antepone «una monografía por encima del informe electoral de la OEA».

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