Denuncian que integrante de los Wila Lluch’us es militante del MAS

La diputada Luisa Nayar mostró documentación del TSE para demostrar la afinidad política de uno de los representantes de esa organización con el partido de Gobierno.

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

Fidel Igberto Poma Canaza, uno de los miembros de la organización Wila Lluch’us que amenazó en un video con quemar la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS). La información fue divulgada por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, quien mostró documentos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El registro de militancia del Órgano Electoral detalla que Canaza se inscribió como militante del MAS el 22 de septiembre de 2018. Esta persona es una de las que amenazó e insultó a Carvajal mediante un video difundido en las redes sociales hace unos días.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que Wilas Lluch’us es una organización inexistente y que el material audiovisual fue «armado». Posterior a ello salieron fotos de esta organización en las campañas electorales del MAS.

Al respecto, Nayar dijo que Del Castillo socapa y protege a grupos irregulares que son afines al masismo, pero arrastran y hace reprimir con la Policía a activistas que realizan marchas en contra de la arbitrariedades del nivel Central del Estado.

“El ministro Del Castillo es un cobarde por salir a defender a delincuentes confesos que han vertido amenazas en contra de una señora de la tercera edad y que le han amenazado con quemas su casa y descuartizarla, junto a otro líderes de la oposición. Del Castillo encubre a estos grupos irregulares, para los que no son afines al MAS hay cárcel y persecución”, señaló.

Parlamentarios de CC, mediante notas, solicitaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) medidas cautelares para proteger la vida de Carvajal.

Para ello enviaron cartas al secretario general de esa institución, Antonio Guterres, y la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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