El ministro Iván Lima anunció que en 90 días recogerán propuestas para elaborar un nuevo Código de Procedimiento Penal, descartó la participación de notables y no prevé incremento de presupuesto.
Carlos Quisbert / La Paz
El gobierno de Luis Arce comenzará hoy la socialización de su plan de “reforma judicial” en Oruro, donde recogerá propuestas para la elaboración de un nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP). Sin embargo, se descartó el cambio de jueces y fiscales cuestionados por su “parcialización política” con los gobiernos de turno, como lo denunció en su informe el Grupo de Especialistas Interdisciplinarios Independientes (GIEI-Bolivia).
“La reforma (judicial) no es pedir al fiscal que se vaya a su casa, ni pedir a los magistrados que renuncien; la reforma es más profunda, la transformación de la justicia necesita una construcción en unidad, éste es un proceso que los bolivianos vamos a llevar adelante en conjunto y quien quiera presentar una propuesta será escuchado”, afirmó ayer en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Iván Lima.
Explicó que el proceso de recolección de propuestas para la reforma judicial se hará en todos los departamentos y tendrá un plazo de 90 días, al cabo de los cuales presentarán un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. El ministro señaló que los encuentros no se darán sólo en las ciudades, sino que se irá a los diferentes distritos judiciales rurales y espera la participación de jueces, vocales, fiscales, movimientos sociales y los abogados independientes.
Foto: ABI
“El Mago”
En esa línea, Lima presentó “una ruta crítica” con seis ejes para reformar la administración de la justicia. Además dijo: “Le tomamos la palabra” a Comunidad Ciudadana (CC), que hace una semana solicitó un “acuerdo político” para encarar acciones urgentes en ese ámbito.
Sin embargo, la respuesta de CC fue tajante y descalificó la “reforma judicial” propuesta por el MAS. “Lima es el mago del disfraz (porque) toca todo aparentemente para no cambiar nada. El tema de fondo, lo que hay que empezar por cambiar es a estos operadores y jueces que se convierten en paramilitares del MAS, que son los que destruyen el sistema judicial del país. Si no cambiamos estos operadores, que nos garantice fiscales y jueces independientes, no hemos avanzado nada. Por eso no quiere cambiarlos”, manifestó Carlos Alarcón, diputado y jefe de bancada de CC.
Las críticas de Alarcón se dieron porque la oposición no sólo busca que se inicien juicios de responsabilidades contra Evo Morales y Jeanine Añez, sino que antes se cambie a los operadores de justicia, en especial a los magistrados de las altas cortes de justicia y al fiscal general, Juan Lanchipa, cuya labor fue la más cuestionada en el informe del GIEI, por los casos de persecución política.
Los ejes seis ejes a los que hizo referencia el ministro Lima son: 1) Balanceo del conflicto, sobre la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, al momento se cuenta con un juzgador por cada 8.361 habitantes. 2) El sistema de acceso a la justicia, en relación -entre otros puntos- al costo que por ejemplo tiene un juicio en la vía penal, que llega a los 3.568 bolivianos. 3) Independencia judicial, que aborda el tema de los interinatos, que llega al 48%, de los 1.098 jueces que hay en el país.
4) Soluciones TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para mejorar la atención por medio de plataformas digitales. 5) Desarrollo Normativo, en relación con las políticas públicas en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil. 6) Transparencia, para “promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción”.
Los primeros 90 días estarán dedicados a la socialización del plan y a recibir propuestas; la segunda fase será la sistematización de ideas y finalmente se determinarán fechas y costos de la reforma. Lima adelantó que antes de hablar de un incremento de presupuesto para el Órgano Judicial se debe conocer en qué gasta los más de 200 millones de bolivianos que se le asignan.
“Parches a la justicia”
Para José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional (1998-2006), las observaciones hechas por el GIEI, sobre la falta de independencia judicial deben resolverse a través de “un acuerdo nacional” y no de medidas parciales. “Desde mi punto de vista, los seis ejes que ha propuesto el ministro no son suficientes para transformar la justicia. Simplemente -como siempre se ha hecho a lo largo de la historia- son parches que no resuelven la crisis estructural que tiene el sistema judicial”, explicó Rivera en contacto con Página Siete.
“Lo que propone el ministro no es transformar el sistema de designación ni elección de autoridades judiciales, está proponiendo modificar el CPP, eso no resuelve el problema. De fondo está la total dependencia del Órgano Judicial del poder político (…) El acuerdo nacional tiene que estar orientado a devolver la plena independencia al poder judicial con una dotación presupuestaria acorde con las exigencias del papel trascendental que debe desempeñar”, señaló el exmagistrado.
Sobre el protagonismo que ha tenido el Ministerio de Justicia a lo largo del gobierno del MAS, en una anterior entrevista con Radio Compañera, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia y de la que fue la Corte Suprema de Justicia, criticó que esta cartera de Estado se ha tornado más “potente” y copó actividades propias de las autoridades judiciales. En esa línea señaló también que se debe pensar en una reforma constitucional, debido a que -entre otros factores-, las dos elecciones de magistrados por voto popular que se realizaron fueron un fracaso.
Por su parte, Juan Del Granado, exalcalde de La Paz, también cuestionó la propuesta masista.
“La propuesta del ministro Lima de reforma judicial no pasa la epidermis. El cuerpo de nuestra justicia está atravesado por el cáncer del sometimiento de jueces y fiscales al poder político, sobre lo que Lima no ha dicho casi nada. Sólo queda la iniciativa ciudadana”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado que estuvo al frente del juicio de responsabilidades contra el exdictador Luis García Meza.
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Uno El Balanceo del conflicto consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces. A nivel nacional, en promedio, hay un juzgado por cada 8.361 habitantes; de esa cifra, en ciudades capitales se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098.
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Dos Sistema de acceso a la justicia servirá para promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones.
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Tres La independencia judicial. Según la Magistratura, de 1.098 jueces ordinarios, 541 son de carrera, 524 son transitorios y 33 son acéfalos. Se busca terminar con los interinatos.
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Cuatro Las soluciones TIC abordarán un plan estratégico para impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas.
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Cinco En el eje de desarrollo normativo se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma judicial.
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Seis En el eje de Transparencia se busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública.