La propuesta de reforma judicial a través de una iniciativa ciudadana, planteada por un grupo de juristas independientes, contempla cambiar el mecanismo de selección y designación de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura.
Los abogados proponen que la selección y calificación de postulantes a magistrados nunca más sean realizadas por ningún nivel político.
“Planteamos que la Constitución cree la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por seis ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio personal, dos nominados por la mayoría y minoría parlamentaria, dos por el sistema Universitario Nacional, uno por el Colegio Nacional de Abogados, y uno por el sistema indígena originario, quienes, en base a méritos y exámenes de competencia, deberán elaborar ternas cerradas sobre las cuales, en un primer momento, la Asamblea Legislativa, por 2/3 del total de sus miembros, nomine a los magistrados del Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Dicha nominación parlamentaria no será definitiva. Los nominados por la Asamblea Legislativa tendrán que someterse en 45 días al veredicto ciudadano, mediante Referendo Popular que los ratifique o los deniegue”, señala la propuesta.
Entre las modificaciones a la Constitución plantean que “las ternas serán conformadas por las y los postulantes que obtengan puntuación superior al setenta y cinco por ciento del puntaje, en el proceso de selección”.
Entre las reformas, proponen que para garantizar la independencia judicial se contemple los siguientes aspectos:
1. El desempeño de la función judicial de acuerdo a un régimen de carrera judicial, basado en criterios objetivos y no discriminatorios, así como en procedimientos transparentes y abiertos a la participación ciudadana.
2. La permanencia, seguridad e inamovilidad en el cargo de los jueces, hasta la expiración de su mandato, salvo resultado negativo en la evaluación del desempeño, sentencia penal condenatoria ejecutoriada o falta disciplinaria muy grave.
3. La autonomía presupuestaria para la administración de los recursos financieros suficientes, cuya asignación anual no podrá ser menor al 3% del presupuesto general del Estado.
4. La creación de la Comisión Nacional de Postulaciones, para la selección y aprobación de las ternas para la designación de las y los magistrados del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Fuente: lostiempos.com