Ministerio Público dice que la justicia debe decidir si Áñez se defiende en libertad

Sostienen que el requerimiento de información de la CIDH está en manos del Órgano Ejecutivo. Suman los pedidos para que la expresidenta abandone la cárcel de Miraflores.

Fuente: El Deber

El Ministerio Público recalcó este jueves que es la administración de justicia la que debe decidir si Jeanine Áñez se defiende o no en libertad. En el país suman cada vez más los pedidos para que la expresidenta abandone la cárcel de Miraflores.



“No podemos determinar la situación procesal de ningún investigado incluida la señora Jeanine Áñez, es el Órgano Judicial a través de las autoridades jurisdiccionales que consideran las peticiones de las personas que sienten mancillados sus derechos y será esta instancia competente que establezca la situación procesal de la señora Áñez”, dijo el secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

Manifestó que el Código de Procedimiento Penal y las leyes vigentes en el país son las que rigen en las distintas causas, recalcando que, la decisión para que Áñez se defienda en libertad está en manos del Órgano Judicial, a través de la autoridad jurisdiccional.

El Ministerio Público no define ninguna situación procesal siendo que los actos investigativos están sujetos a control jurisdiccional, conforme establece el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público”, precisó.

Respecto al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, para que, en siete días, se emita información sobre Áñez, Quispe aclaró que dicha solicitud es para el Órgano Ejecutivo y no para la Fiscalía.

“Ha circulado el rumor de que dependería del Ministerio Público determinar la situación solicitada por la CIDH; sin embargo, el tenor de la Comisión señala claramente al Órgano Ejecutivo que tiene en sus manos la solicitud. Estos siete días que conminan son para el Órgano Ejecutivo y al mismo tiempo para que se ponga a consideración de la autoridad jurisdiccional alguna petición”, concluyó.

La defensa de la exmandataria tramita medidas cautelares ante el organismo internacional, después de que ella atentara contra su vida y decayera en su estado de salud mental y físico. Sin embargo, el Gobierno asegura que recibe la atención pertinente.