Estrategia contra la legitimación puede ser “ajustada” por decreto

Fuente: El Deber
Mauricio Quiroz Terán

 

 

El artículo 7 de la Ley 1386, de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo establece que “mediante decreto” se pueden ejecutar cambios, precisamente, en esa “estrategia” que es rechazada por varios sectores.

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, asegura que la normativa no promueve acción penal alguna, pues se trata de una política pública contra el lavado de dinero derivado de actividades ilícitas como el contrabando, corrupción, trata de personas y el narcotráfico. Además, existen compromisos del Estado para frenar estos delitos.

El instrumento tiene siete artículos y dan vida legal a la “estrategia” que, a su vez, está desplegada en un anexo de 53 páginas. Ambos documentos son parte de la norma que está vigente desde el 16 de agosto.

Antonio Siñani, dirigente gremial de El Alto, dijo que su sector pide que se derogue la ley 1386 porque esa norma “autoriza al Presidente a hacer decretos y por eso la preocupación es muy grande, pues hay temor” de que su sector se vea afectado por su aplicación.

El sector teme que se apliquen medidas confiscatorias debido a que su sector no tiene registro tributario formal. “El punto nueve de la estrategia dice que hay ganancias ilícitas en los informales que son el 95% de El Alto”, señaló el dirigente. Lamentó que la norma no haya sido socializada de manera oportuna porque su sector “no se opone a sancionar el dinero mal habido de ilícitos”.

Según el artículo séptimo de la ley cuestionada, “la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante decreto supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, una entidad que reúne a los ministerios de Economía, Gobierno, Justicia y Defensa, además de la Procuraduría General del Estado.

Al respecto, el vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, también expresó su preocupación por el alcance de ese artículo siete, pero también mostró reparos por el apartado cuarto y quinto que dan mayores atribuciones de “control” al grupo de ministros y al procurador para la definición de las políticas contra “el flagelo del lavado de dinero”.

“Las entidades involucradas en la ejecución de acciones (de la estrategia) deberán reportar los avances y proveer a la UIF, la información que sea requerida por esta entidad”, establece el artículo cuarto de la ley 1386. En el quinto apartado la norma señala que “el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo aprobará el cronograma de ejecución para las acciones previstas en el Programa de Acción” que forma parte de esta estrategia, ahora cuestionada.

Este plan de acción —incluido en el anexo— establece la tarea de “formular la normativa que faculte a la UIF iniciar investigaciones de oficio, sin la necesidad de existencia de un ROS (Registro de Operaciones Sospechosas) o pedido de la autoridad competente”. Este aspecto estuvo precisado en el proyecto de ley 218 que fue retirado del Senado por el Ejecutivo ante la presión social de varios sectores y la falta de socialización.

El plan de trabajo incluye también la modificación del Código de Procedimiento Penal para que la UIF sea “fortalecida” con nuevas atribuciones. Se proyecta, además, la interceptación de llamados telefónicas en función de una consulta constitucional.

El Gobierno, que negó que esta ley afecte a transportistas, pequeños comerciales y al sector gremial, salió a explicar los alcances de la normativa y logró varias adhesiones para evitar un escenario de mayor conflictividad.