El 3 de junio el exasambleísta departamental Abel Guzmán denunció al exejecutivo departamental por un presunto sobreprecio de 700.000 bolivianos en la adquisición.
Fuente: El País
Violeta Castillo
El exasambleísta departamental, Abel Guzmán, confirmó que el martes fue notificado con la imputación formal por parte del Ministerio Público en contra del exgobernador, Adrián Oliva Alcázar, señalando que en la primera etapa de la investigación en su contra se habría evidenciado indicios de irregularidades en el proceso de adquisición de lavadoras para el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD) durante la crisis sanitaria.
“He sido notificado con esa imputación por ser denunciante. El 2020, cuando estaba como asambleísta, he sentado una denuncia contra el gobernador y los otros responsables por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y otros delitos”, señaló el exlegislador.
Según la denuncia, habría un sobreprecio de 700.000 bolivianos en la compra de dos lavadoras y dos secadoras, cuando había ofertas de menor precio por parte otras empresas.
Guzmán dijo que en ese momento la Gobernación adquirió un total de 35 equipos médicos para el HRSJDD, pero que él observó el sobreprecio solamente en estas unidades. Sin embargo, pidió formalmente a la Fiscalía Departamental que investigue de oficio el resto de las compras.
“Recordemos que en ese momento había una disposición ministerial que indicaba que no se tenía que hacer procesos de licitación para agilizar las compras. El gobernador ha hecho todo violentamente y para el proceso de compra se ha dispuesto 20 millones de bolivianos”, agregó.
Al mismo tiempo, cuestionó que se haya presentado la denuncia formal en junio del 2020 y recién se cuente con una imputación, pasado más de un año.
“Recién hay una imputación, realmente hay un retardo terrible de la Justicia. Entiendo que han cambiado de fiscales, pero finalmente hay un Ministerio Público que tiene como responsabilidad velar por la agilidad e inmediatez de los procesos. Entonces en dos años acusarán, en diez se irá a juicio. Ellos están en obligación de investigar a la empresa proveedora y los responsables de la compra”, dijo.
Antecedentes
Este caso data del 3 de junio, cuando el asambleísta departamental, Abel Guzmán, formalizó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Oliva por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esto en base al presunto sobreprecio que ascendería a 700.000 bolivianos en la compra de dos lavadoras y dos secadoras.
De acuerdo a la denuncia del legislador, la Gobernación habría optado por una oferta cuya cotización ascendía a 1.150.000 bolivianos, cuando había una oferta de 880.000 bolivianos presentada por la empresa Eximbol.