Al menos 2.000 contratos irregulares desangraron la Alcaldía de Santa Cruz por varios años

Aún no se estimó la afectación económica, pero los sueldos que se pagaban van desde los 3.000 hasta los 9.000 bolivianos.

Fachada de la Alcaldía de Santa Cruz.

Página Siete Digital

El escándalo por los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz no deja de crecer. El asesor jurídico de ese gobierno municipal explicó que los contratos irregulares dentro de la Alcaldía ascienden a por lo menos 2.000 y que datan de hace muchos años, probablemente más de una década.  El daño económico aún no se cuantificó pero se calcula que sólo en los cargos fantasmas se perdían 4,8 millones de bolivianos al mes.



“La denuncia de los 800 ítems fantasmas son solo los contratos que manejaba el señor Antonio P.. Los que eran manejados por otros funcionarios de alta jerarquía son unos 1.200 contratos que presentan irregularidades, que no fueron firmados por la MAE o que no tienen certificación presupuestaria, entre muchas otras alteraciones. En total estamos hablando de 2.000 contratos anómalos”, manifestó a Página Siete Digital el asesor jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz, Ever Mérida.

De acuerdo al abogado de la exalcladesa Angélica Sosa, Jerjes Justiniano, los contratos datan de una gestión anterior a la de su clienta, e incluso a la de Percy Fernández, quien ocupó el cargo de alcalde entre 2005 y 2020.  Sin embargo, se sabe que el principal acusado,  Antonio P., fue responsable del área de Recursos Humanos  desde 2009 hasta 2018, por lo que las irregularidades pudieron darse por al menos una década.

Aún no se tiene una cuantificación de la afectación económica al municipio, pero se conoce que los sueldos fijados en dichos contratos oscilaban entre los 3.000 y los 9.000 bolivianos.  Tomando un promedio 6.000 bolivianos, se estima que sólo en los 800 contratos fantasmas se perdía alrededor de 4,8 millones de bolivianos al mes. La afectación real se revelará en el transcurso de las investigaciones.

Mérida reiteró que el caso no es reciente. Ya en mayo –cuando el actual alcalde Jhonny Fernández asumió el cargo-  se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Aunque se adjuntaron las  pruebas en más de 4.000 fojas, el caso fue rechazado por el fiscal de materia. Si bien se logró impugnar la resolución ante la Fiscalía Departamental, la autoridad judicial subestimó el caso argumentando que tenía muy poca relevancia social y el daño económico no era significativo.

“No sabemos qué pasó, si es que se le fue la denuncia al fiscal o si sólo hizo un copiar pegar de otra resolución. Nosotros hemos enviado una nota al Fiscal General del Estado para pedir una comisión de fiscales el interior del país,  porque no confiamos en la idoneidad y transparencia del departamental. Ahora hay la comisión que hará el seguimiento”, indicó Mérida.

Añadió que el ejecutivo municipal ya instruyó una auditoría para esclarecer el caso y hallar más irregularidades.

Fuente: paginasiete.bo