El movimiento cívico a nivel nacional convocó en noviembre de 2021 a movilizaciones, a las que se sumó el departamental en rechazo especialmente a la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Fuente: El País
Violeta Castillo
El Ministerio Público formalizó la imputación en contra del gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, el alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, por el presunto delito de instigación pública a delinquir con respecto a la convocatoria al paro cívico en noviembre en rechazo a la Ley 1386, Ley 342 y todo un paquete de proyectos de ley y normativas ya vigentes relacionadas a la lucha contra las ganancias ilícitas.
La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.
Efecto El Gobierno acabó retirando toda la normativa relativa a la Lucha contra las Ganancias Ilícitas por el clamor popular
“Adrián Ávila dijo que se tendrá el apoyo de la gobernación, alcaldía, UAJMS y del transporte. Dichas circunstancias sirvieron de base para que la sociedad de Tarija se encuentre enfrentada a raíz de 33 puntos de bloqueo el 8 de noviembre, el 9 con 29 puntos, 11 de noviembre con 11 bloqueos y 4 el 12. Esto no solo trajo agresiones verbales, sino físicas y gasificaciones”, cita el documento en los párrafos de declaración del denunciante.
En su argumento, el dirigente campesino señala que las autoridades al sumar el apoyo de sus instituciones a las protestas se generaron enfrentamientos que dejaron como resultado personas lesionadas.
“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado, colaborando a la incitación a la violencia a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se expresa en el documento de imputación emitido por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores.
El País tomó contacto con los ahora imputados para obtener su postura con respecto al avance de este proceso, sin embargo, evitaron hacer declaraciones hasta tomar contacto con sus respectivos asesores legales. Aunque previamente, cuando se formalizó la denuncia, todos ellos cuestionaron la misma indicando que se trataría de una persecución política.
Antecedentes
En las fechas mencionadas el movimiento cívico a nivel nacional convocó a paros y diferentes movilizaciones en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Ley 342 del Plan de Desarrollo Nacional, además de otros proyectos de leyes, que fueron calificadas por la oposición como anticonstitucionales.
Durante las jornadas de paro se registraron enfrentamientos entre las personas que defendían el paro y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que rechazaban las protestas. Particularmente, el 9 de noviembre durante una marcha de docentes universitarios y posterior en la rotonda del puente Bolívar, donde la Policía tuvo que gasificar para dispersar a la gente. En la tarde y los días posteriores hubo amagues de enfrentamiento y peleas en puntos de bloqueo.
De manera paralela, la bancada de Comunidad Ciudadana también presentó a la Fiscalía Departamental una denuncia para que se identifique y procese a las personas que durante los enfrentamientos agredieron a quienes defendían las protestas. Sin embargo, dicha denuncia fue rechazada.
El Fiscal renunciante denunció presiones
Tras conocer la denuncia, el ex fiscal departamental, Wilson Tito Tórrez, confirmó el inicio de la investigación e incluso llevó a allanamientos y decomiso de documentos. Sin embargo, a tiempo de renunciar al cargo el 30 de noviembre, unos días después de los hechos, denunció haber sufrido presiones políticas por parte de la dirigencia del MAS, incluso por parte de ministros y otras altas autoridades, para que se dé curso al proceso en contra de cívicos y autoridades de oposición que llamaron al paro.
A Wilson Tito Torrez lo reemplazó Sandra Gutiérrez, hasta entonces directora de la Magistratura en Tarija y que en su carrera política fue secretaria de Justicia con Lino Condori y ministra con Evo Morales.