Siete casos muestran que Del Castillo usa a la Policía y la ley con doble rasero

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa en la Policía. 

Los recientes conflictos sociales develaron que hay al menos siete casos que muestran cómo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, usa a la Policía y la ley a su conveniencia para vulnerar derechos, según políticos, analistas y gremiales.

“El exceso del uso de la fuerza se ha manifestado nuevamente, no solamente con policías en mayor cantidad y proporción (movidos por el Gobierno), sino en el modus operandi, en la forma en que los han detenido (a los movilizados), sin haber seguido los pasos correspondientes para proceder con la detención de cualquier ciudadano boliviano”, señaló el analista Jorge Santistevan. El jurista ve que se maneja a la Policía para el interés del partido de Gobierno.



A continuación, Página Siete desgloza los siete casos:

Mercado legal e ilegal

La Ley 906 establece el funcionamiento de dos mercados de la coca en el país: el de Sacaba en Cochabamba y el de Villa Fátima en La Paz. Sin embargo, el dirigente Arnold Alanes, afín al MAS, instaló un segundo mercado en La Paz con el respaldo del Gobierno.

En este conflicto los cocaleros tradicionales protestaron contra ese mercado que no está contemplado en la ley, pero fueron reprimidos por la Policía que resguardó el mercado paralelo. En 2021, Del Castillo dio su apoyo a Alanes y los policías ayudaron a ese dirigente a tomar momentáneamente el mercado legal, según videos y testimonios de los cocaleros.

“Ese mercado (de Alanes) no tiene permiso de funcionamiento, porque la ley establece que hay un solo mercado en La Paz, que es el mercado de Adepcoca, en Villa Fátima”, remarcó el alcalde de La Paz, Iván Arias.

“Bien claramente la (ley) dice que sólo tiene que haber dos mercados: uno en Sacaba y otro en Villa Fátima. No sé por qué el Gobierno está haciendo aparecer otro mercado que es ilegal”, dijo el gobernador de La Paz, Santos Quispe.

Bloqueos y protestas

Varios casos mostraron que cuando hay una movilización de algún sector que no es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) la Policía, de manera anticipada, activa operativos para desbloquear y reprimir a los movilizados. “Debemos garantizar el derecho al trabajo y a la libre transitabilidad”, dijo el comandante de la Policía, Orlando Ponce, ante el paro de los cívicos cruceños.

Algunos de esos casos son: el paro de los cívicos en Santa Cruz, marchas de cocaleros de Adepcoca y del Conade en La Paz, protestas de Comcipo en Potosí, entre otros.

Pero si los movilizados responden al partido de Gobierno, entonces los policías alegan que debe respetarse el derecho a la protesta y la seguridad de los marchistas, tal como devela un audio: “Hemos entrado a un acuerdo y dar una hora de cuarto intermedio, posteriormente las medidas que ustedes tomen van a tener la seguridad correspondiente por parte de la Policía. No vamos a dejar que les pase absolutamente nada, les vamos a resguardar”, señala un jefe policial a los bloqueadores del sector de los interculturales en Santa Cruz.

Invasión a propiedad privada

El martes, la Policía invadió la propiedad privada al ingresar a viviendas particulares para detener a cocaleros y vecinos durante el conflicto de Adepcoca. “Se ha visto que la Policía no está respetando ni a la sociedad civil, tampoco está respetando a los inmuebles, están entrando a las casas”, cuestionó el dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani.

“Indignados por lo que ha sucedido el martes, allanamiento a viviendas, eso significa que la Policía está violando la Constitución”, remarcó Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

En otros casos, la Policía espera una orden judicial para allanar algún inmueble privado, tal como pasó con un garaje en El Trompillo, Santa Cruz, donde se esperó varios días para verificar si estaba ahí una aeronave o el caso de policías golpeados por implicados en narcotráfico en el Chapare, donde se tuvo que negociar para requisar las viviendas.

Uso de explosivos y armas

En conflictos sociales, la Policía aprehendió a varias personas del sector de los cívicos cruceños y de los cocaleros por porte y portación de explosivos, a fin de hacer respetar la ley. Respecto al caso de los cocaleros, el ministro dijo que esa “gente con explosivos que quiere matar a policías, evidentemente vamos a actuar, no vamos a tolerar la violencia”.

Pero en el año, la Policía no hizo lo mismo con grupos armados que operaron en varios avasallamientos en Santa Cruz, algunos identificados como parte de los interculturales del MAS. Ese grupo atacó y secuestró a periodistas y comunarios, disparó contra policías y fiscales, sin embargo, no se puso freno.

Presunción de inocencia

Un abogado y un activista también cuestionaron a Del Castillo y a la Policía por vulnerar la presunción de inocencia y presentar a ciudadanos como delincuentes con el solo interés de dañar la imagen del adversario político. Del Castillo exhibió como delincuentes a cocaleros y a jóvenes que marcharon con el Conade.

“El ministro Eduardo del Castillo vulnera los Derechos Humanos al exhibir a cocaleros detenidos durante los enfrentamientos en La Paz. Esta es una práctica frecuente del ministro para humillar a adversarios políticos”, mencionó Franco Albarracín, activista de Derechos Humanos

“Qué dice la norma internacional, ratificada por el Estado boliviano, se presume la inocencia. Qué dice la Constitución, se presume la inocencia, ¿hasta cuándo? Hasta que se dicte sentencia, ni siquiera eso, hasta que sea ejecutoriada la sentencia”, recordó el exmagistrado Gualberto Cusi.

Infiltrados

El ministro condenó la participación de supuestos infiltrados en la marcha de cocaleros de Adepcoca y dijo: “Hay malos dirigentes que están contratando a gente de otros lugares” para manipular explosivos. Esas personas fueron detenidas y procesadas.

Sin embargo, la oposición cuestionó que no se haga lo mismo con funcionarios del Ministerio de Gobierno que operaron como infiltrados entre periodistas y en grupos “parapoliciales”; tampoco se procesó a militares y policías infiltrados en protestas de opositores.

“La acción de efectivos de la Policía y las FFAA pagadas por el Estado, cuya acción debiera ser proteger las fronteras y la seguridad ciudadana, como agitadores, espías e infiltrados, que generaron violencia para culpar a los ciudadanos movilizados”, refiere el pronunciamiento de Comunidad Ciudadana.

Derecho a la defensa

El exmagistrado Gualberto Cusi denunció otros atropellos de la Policía cometidos durante la detención de más de 20 cocaleros. Dijo que a muchos de los detenidos se les negó el derecho a la defensa y se los condujo a predios particulares para agredirlos. El ministro negó ese extremo, sin embargo, videos y testimonios de vecinos dan cuenta de las agresiones policiales a los movilizados.

Caso del infiltrado

Prensa La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba denunciaron al director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, por usurpar y ejercer de manera ilegal como periodista. Los representantes de la prensa condenaron el respaldo y la justificación que dio el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, que sostuvo que Cuentas se “infiltró” entre periodistas para preservar la paz interna del Estado. La ANPB recordó al viceministro que el proceder del funcionario no es ético y que durante las transmisiones en redes llamó a la confrontación.