La presión obliga a anular solicitudes para penalizar trabajo de periodistas

Tras las denuncias de judicializar el ejercicio del periodismo en Bolivia, las audiencias contra los trabajadores fueron suspendidas.

  • Trabajadores de la prensa durante una cobertura periodística. | Carlos López

Fuente: Los Tiempos

Ante la presión de periodistas, la administración de justicia determinó dejar sin efecto demandas contra trabajadores de medios de comunicación con las que se pretendía vulnerar el secreto de fuente que tienen los comunicadores. Los casos se presentaron en Tarija y Cochabamba.

Tras las denuncias de judicializar el ejercicio del periodismo, las audiencias contra los trabajadores fueron suspendidas. En el caso de Tarija, en que el denunciante es el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, éste determinó retirar el requerimiento judicial contra Roberto Puma, que trabaja en una radioemisora.



“He decidido retirar el requerimiento judicial que hice al periodista a través de las autoridades judiciales. Voy a contarles muy rápido y sencillo el porqué. No me interesa procesar penalmente al reportero Roberto Puma; lo que yo quería y lo que yo necesito, y voy a seguir necesitando, es la información del porqué el reportero habría manifestado lo que ha manifestado”, indicó.

Según datos, Puma a través de una transmisión radial informó que el desayuno escolar generó malestar e incluso vómitos a algunos estudiantes. El Alcalde, mediante dos cartas notariadas, requirió conocer las fuentes de dicha información, pedido que se negó a responder por respeto al “secreto de fuente”.

En el otro caso, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ordenó dejar sin efecto la citación contra el periodista de Cochabamba Javier Colque Rollano, dentro de los hechos luctuosos en Huayllani durante la crisis de noviembre de 2019.

Además de los casos mencionados, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Wilder Díaz, denunció que algunos colegas suyos fueron citados por la Fiscalía para declarar por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) durante la crisis de 2019, entre ellos estaba la periodista Yolanda Barrientos, este hecho se habría producido en julio pasado.

Asimismo, en diciembre de 2021, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz quería que el periodista Guider Arancibia revele la fuente de información vinculada a cómo unos encapuchados usaron camionetas incautadas al narcotráfico para desbloquear durante el paro cívico-sectorial.

El “secreto de fuente” está protegido de manera directa por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales, porque representa la esencia de la libertad de información.