Qué es el presupuesto secreto y por qué es el tema más debatido entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro antes del ballotage en Brasil

Aunque el actual presidente llegó a vetarlo en 2019, se convirtió en un símbolo de su gestión y quedó en medio de una enorme polémica sobre corrupción que incluye lapidarias críticas de Transparencia Internacional

Lula da Silva y Jair Bolsonaro durante el último debate en San Pablo (REUTERS/Mariana Greif)Lula da Silva y Jair Bolsonaro durante el último debate en San Pablo (REUTERS/Mariana Greif)
Fuente: Infobae.com

Es el tema económico más debatido de esta campaña electoral brasileña y también el más difícil de entender para el votante medio. Hablamos del llamado presupuesto secreto del gobierno de Jair Messias Bolsonaro, contra el que el candidato Luiz Inácio Lula da Silva ha arremetido repetidamente en los debates televisivos.

“Acabaremos con este presupuesto secreto, crearemos uno participativo”, dijo Lula, “volveremos a crear el Consejo de Desarrollo Económico y Social, quiero 100 personas, pequeños y grandes empresarios, banqueros, haremos un presupuesto hecho por el pueblo a través de una red digital”. Palabras de impacto ciertamente, aunque no seguidas de un plan detallado. Pero, ¿qué es este presupuesto secreto? Y, sobre todo, ¿es realmente una novedad del gobierno de Bolsonaro?



El nombre oficial es “Enmiendas del relator”. Se estableció en 2019 y entró en funcionamiento en 2020. Este mecanismo opaco permite al gobierno entregar fondos a diputados y senadores sin que sean identificados, de allí el nombre de “presupuesto secreto” que inventó un periodista del diario brasileño Estado de São Paulo el año pasado. La asignación de fondos se negocia con el presidente y otros congresistas, como el presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Socialdemócrata (PSD).

Para la senadora Simone Tebet, candidata a la presidencia por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y ahora partidaria de la campaña de Lula, “se trata de la mayor trama de corrupción del planeta” y denuncia la falta de transparencia de los fondos entregados por el gobierno a los parlamentarios. Para 2023 el “presupuesto secreto” si se confirma tendrá que gestionar 19.400 billones de reales, casi 4 billones de dólares. Una cuantía enorme en la que todo puede pasar.

La revista brasileña Piauí había denunciado como algunos municipios del estado de Maranhão habían inflado las cifras de pacientes del sistema de salud pública local para llevarse más dinero. La denuncia periodística dio lugar a una investigación de la policía federal brasileña, que detuvo a dos personas hace unos días. Esta es la cuarta operación vinculada al fraude en la gestión del “presupuesto secreto”.

Además de Lula y Tebet, muchos en la sociedad civil han atacado el “presupuesto secreto”, incluso sacerdotes como el cardenal Leonardo Steiner, arzobispo de Manaus, para quien “es una amenaza para la democracia brasileña”.

Bolsonaro por su parte devuelve todas las acusaciones y dice que nunca aprobó la medida. Lo cual fue cierto en 2019, cuando la vetó. Pero entonces fue de nuevo su gobierno, con el ministro de la Casa Civil, el general Luiz Eduardo Ramos, quien presentó al Congreso, sin pasar por el Ministerio de Economía, un nuevo proyecto que proponía una financiación secreta de 3.000 millones de reales de la época, es decir 570 millones de dólares. Esta vez Bolsonaro dejó al Congreso, incluyendo a sus bases aliadas, la posibilidad de levantar su veto, una forma también de protegerse de diversas demandas de impeachment en su contra.

El resultado fue que el gobierno desde 2020 controla los pagos, cuándo pagar y a qué parlamentares beneficiar, pero de hecho son los diputados y los senadores que luego deciden dónde va a parar el dinero y qué comprar, con el riesgo de una sobrefacturación exagerada. Tanto es así que el “presupuesto secreto” también ha sido apodado ‘tratoraço’ en las redes sociales porque ha permitido comprar tractores a un precio mayor del 259% al valor de mercado. El equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, había explicado al presidente los riesgos de esta medida y su impacto negativo en la meta fiscal, pero el interés político se impuso.

Muchos partidos se han beneficiado del “presupuesto secreto”, incluido el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Tanto es así que durante el debate televisado del pasado domingo Bolsonaro, para demostrar su neutralidad sobre el asunto, mostró ante las cámaras una lista con 13 nombres de diputados del PT que supuestamente se beneficiaron del mecanismo. El pasado mes de junio, el diputado André Janones, del partido Avante, dijo en una entrevista al Portal UAI que “el presupuesto secreto es como antes, cuando un ministro solo daba a quien quería. Hoy quienes lo hacen son el Congreso Nacional, ya no los ministros. Nada ha cambiado. Era una basura y sigue siendo una basura. En el gobierno de Lula se robaba a manos llenas y sólo los bandidos del PT tenían acceso a él. Fue peor”. Paradójico si se considera que Janones es ahora el coordinador digital de la campaña de Lula.

El debate sobre el peligro de estos mecanismos para ocultar la gestión corrupta del dinero público se ha avivado con los últimos datos publicados en un informe de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental que vigila el nivel de corrupción en los distintos países. Para esta ONG, el “presupuesto secreto” es una “grave violación de la transparencia” y se ha utilizado como “moneda de cambio para recibir apoyo político”. A cambio de la financiación, los diputados supuestamente votaron a favor de la agenda del gobierno. De manera más general, pues, según el informe, se ha producido un retroceso en la lucha contra la corrupción en Brasil desde 2019. De “moderada” pasó a ser “limitada”.

Entre los elementos destacados se encuentran la “interferencia política” en las instituciones fiscales y las “prácticas políticas corrosivas”. Se citan numerosos ejemplos, entre ellos el más llamativo es el que llevó a la dimisión del entonces ministro de Justicia Sergio Moro, el ex juez símbolo de la operación Lava Jato que destapó la mayor red de corrupción del país y que llevó a la detención de Lula en 2018.

Moro renunció en 2020, denunciando la injerencia de Bolsonaro en las operaciones de la Policía Federal, después de que el presidente destituyera al entonces director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo. El año anterior, la destitución de Ricardo Saadi de su puesto de Superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro ya había despertado la ira de muchos miembros de la fuerza de seguridad.

La acusación de blindar al presidente y a sus hijos para que no sean investigados es lanzada por Transparencia Internacional contra el fiscal general Augusto Aras, elegido por Bolsonaro a pesar de que su nombre no estaba en la lista de tres nombres sugerida por el Ministerio Público.

La corrupción será sin duda el tema de lo que queda de esta campaña electoral antes de la votación del 30 de octubre. Tanto Lula como Bolsonaro se lanzarán, como antes, flechas envenenadas sobre el asunto que apasiona al 85% de los votantes, según una encuesta de Datafolha, en un país en el que se han desmantelado los grupos especializados en la lucha contra la corrupción, empezando por los de la Lava Jato. Está en juego el futuro de este país y, a corto plazo, las posibilidades de desarrollo económico, como el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la eficiencia de las instituciones de control y fiscalidad es un parámetro central.