Albarracín asegura que muerte del expresidente de Comcipo es atribuible al Gobierno

Según los activistas de DDHH, la persecución política en el país está acercándose a los niveles de países como Nicaragua.

Screenshot_20230131-065639_FacebookExpresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel. Foto:Página Siete.

Fuente: ANF

La Paz .- La muerte del expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel Huallpa, es perfectamente atribuible al Gobierno de Luis Arce porque estuvo impedido de acudir libremente a un centro hospitalario que atienda su enfermedad, según Franco Albarracín, abogado activista de Derechos Humanos.



El sábado pasado murió Juan Carlos Manuel en la ciudad de La Paz, aquejado por dos enfermedades mortales, la diabetes y la hipertensión arterial. Manuel fue presidente de Comcipo cuando decidió declararse en la clandestinidad el 9 de diciembre de 2021 y Roxana Graz asumió la “presidencia temporal”, hasta que retornase el presidente electo.

“El estar en clandestinidad implica una muy fuerte y peligrosa señal para los Derechos Humanos, uno no puede ir fácil a la clínica o buscar la atención de un médico con facilidad, esta muerte es atribuible al gobierno de Luis Arce, pero demuestra también que la situación de persecución política está empeorando”, alertó el activista.

La familia del fallecido dirigente dijo que lo asistían como podían para paliar los dos peligros que arrastraba, pero su situación judicial dificultaba la posibilidad de que fuera atendido adecuadamente. Relataron que debían costear los medicamentos de manera particular, pues era imposible acudir al seguro médico que requiere la presencia del beneficiario.

La Fiscalía investigaba al cívico potosino por la quema del edificio del Tribunal Departamental Electoral y por el destrozo de vidrios a una patrulla durante los sucesos de 2019. Por el mismo caso el expresidente de comcipo Marco Antonio Pumari permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca desde el 2021.

Según el abogado Albarracín, la persecución política en el país está acercándose a los niveles de países como Nicaragua, donde la violación de derechos humanos es una constante desde el Gobierno.

Según la expresidenta interina, Jeanine Áñez, son 188 presos políticos en el Gobierno de Arce que pagan por haberse opuesto al masismo.

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