El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, garantizó este jueves que el Estado cumplirá con las sentencias en los tres casos en los que falló recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Habló de la causa del exdiputado Carlos Flores Bedregal (desaparición forzada), del caso de Brisa Angulo (víctima de agresión sexual) y del de Blas Valencia.
Planteó la concreción de encuentros semanales con medios de comunicación a fin de dar a conocer avances de sus labores. En dicho sentido, la jornada de hoy informó respecto al cumplimiento en los tres casos internacionales.
«En los tres casos hemos realizado ya acciones para el cumplimiento de las sentencias (…). Hemos indicado, conociendo los fallos, que íbamos a cumplir estas sentencias de la CIDH. En ese sentido, hemos tomado contacto con cada uno de ellos (víctimas) a objeto de realizar de inmediato un cronograma para el cumplimiento de las obligaciones que asume el Estado. Las reuniones se han desarrollado en las anteriores semanas y hemos tenido significativos avances. También, de oficio, el Estado procedió a la publicación de los resúmenes de las sentencias entre el 9 y 10 de marzo».
«Vamos a realizar una serie de reuniones con la parte educativa», dijo el Procurador, en el entendido de lograr «la mejora de los sistemas de formación en diferentes entidades, e incluso tocar la formación básica en los colegios».
IGLESIA Y «GOLPE»
Chávez confirmó, también, que insiste ante la Fiscalía para que convoque a declarar a los representantes de la Iglesia Católica que estuvieron en las reuniones de noviembre de 2019, en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”.
Argumentó que deben declarar todos lo que estuvieron en las reuniones realizadas en la Universidad Católica, donde se trató el tema de la sucesión presidencial. En las mismas estuvieron obispos, diplomáticos, además de políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de oposición.
El Procurador informó que se ha presentado la petición ante la Fiscalía para que declaren todos los involucrados, pero no hubo respuesta hasta la semana pasada, por lo cual antes de ayer se reiteró la solicitud.
Explicó que, mediante la solicitud, se ha argumentado que Bolivia es un Estado laico y que los religiosos implicados no tienen una protección consular, en el marco de la Convención de Viena, porque la misma es solamente para el Nuncio Apostólico del Papa.
Chávez se dirigió a la Fiscalía y dijo: “No quisiéramos pensar que se ha de encubrir con esta inacción a esta gente que tiene que declarar”.
Señaló que esperará hasta mañana la respuesta del fiscal Omar Mejillones, encargado del caso, o de lo contrario, irá ante el juez de la causa para insistir con el pedido.
“Esperemos que el fiscal ya nos dé la respuesta. Si fuera negativa, porque todo puede ocurrir acá, vamos a acudir al control jurisdiccional”, agregó el Procurador.