En contacto con la prensa, Richter fue enfático en señalar que el Gobierno boliviano ni siquiera considerará el pedido de los legisladores chilenos.
El Gobierno boliviano, a través del vocero presidencial Jorge Richter, calificó de “injerencia” el pronunciamiento de un grupo de senadores chilenos que pidieron al presidente de ese país, Gabriel Boric, interceder para que se libere a la exmandataria boliviana Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho – ambos detenidos- y hasta que se le dé asilo político.
En contacto con la prensa, Richter fue enfático en señalar que el Gobierno boliviano ni siquiera considerará el pedido de los legisladores chilenos.
“Es su criterio (la posición de los legisladores chilenos), pero nosotros no le damos valor ni por supuesto mayores referencias”, respondió ante el pedido a su gobierno de 26 de 50 senadores chilenos de dar asilo a Áñez y al encarcelado gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Áñez se encuentra en la cárcel y con una sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel por la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado y luego del poder en noviembre de 2019, según la justicia en sesiones de la Asamblea Legislativa sin quórum y vulnerando la normativa sobre la línea de sucesión.
También está incluida en la demanda por el caso Golpe de Estado I o hechos que llevaron al presunto golpe de Estado de 2019. Camacho es uno de los principales acusados en este proceso, ya que estuvo al frente del movimiento cívico-político que derivó en la dimisión de Evo Morales, acorralado por la violencia, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar.
Richter aseguró que al grupo de legisladores chilenos no le corresponde “inmiscuirse sobre lo que la justicia boliviana ha determinado”.
“No conocen el proceso democrático de Bolivia, las características de lo que significó noviembre de 2019, el daño que le confirió la señora Áñez a la democracia de nuestro país, lo que ocurrió en Senkata y Sacaba, lo que fue la vulneración de la institucionalidad política democrática en Bolivia”, explicó.
Durante el gobierno de Áñez se dieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde la intervención policial-militar a protestas sociales acabó con la muerte de más de una veintena de personas por impactos de bala. Las acciones estuvieron amparadas en un decreto que eximía de responsabilidad penal a los uniformados por el resultado de sus acciones.
“Nosotros no realizamos declaraciones ni interferencias sobre lo que es la vida y el rol que vienen cumpliendo los asambleístas chilenos, pero las injerencias simplemente no las consideramos porque no les corresponde a ellos tener que opinar sobre lo que ocurre en Bolivia”, insistió.