Estarán presentes este martes en el Legislativo y esperan que los asambleístas den curso al proyecto de ley.
Tras la convocatoria de la Asamblea Legislativa para sesionar este martes y reconsiderar el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023, alcaldes de varias regiones del país anunciaron una vigilia en La Paz y se declararon en estado de emergencia a la espera de la aprobación del documento.
Los alcaldes aglutinados en la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) anunciaron que solicitarán que les permitan seguir la sesión desde el Legislativo. Si no pueden entrar, se mantendrán en vigilia en las afueras esperando el resultado.
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El director ejecutivo de la FAM-Bolivia, Rodrigo Puerta, espera que en esta sesión se pueda aprobar el proyecto de ley que se encuentra en el Legislativo desde agosto.
«Permanece nuestro estado de emergencia y vigilia, por lo tanto, vamos a aproximarnos a las puertas de la Asamblea Legislativa. Y solicitar, como en la anterior ocasión, que se nos permita el acceso para presenciar la sesión», explicó en Bolivia Tv.
PGE
La autoridad indicó que confía en que los legisladores darán curso al proyecto, incluidas las siete disposiciones adicionales, pues están provocando un “enorme daño a los municipios”.
La sesión de Asamblea fue convocada para las 15.00 de este martes. Como único punto en el orden del día está el “proyecto de Ley 464/2022-2023, Modificaciones al Presupuesto General del Estado-Gestión 2023, remitido por la Cámara de Origen (Diputados)”.
La norma fue rechazada la madrugada del martes 14 de noviembre por legisladores del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS); y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
Con el rechazo del proyecto de ley se impidió a las entidades del sector público acceder a un presupuesto agregado de Bs 6.455.173.440; y un consolidado de Bs 5.421.775.252. De ese monto se debe destinar Bs 868 millones a los gobiernos municipales; Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.