La embajadora de Paraguay en Bolivia, Terumi Matsuo, confirmó que el caso de asilo en Paraguay del exministro de Defensa Luis Fernando López se encuentra en el Consejo Nacional del Refugiado (Conare). Todavía se analiza su caso, es decir, si corresponde o no en función de si cometió o no delitos.

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“Él no está en condiciones de asilado (…), se está estudiando todo para realmente analizar si corresponde el asilo o si es delito común”, dijo la diplomática en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Explicó que, si su país corrobora que López cometió un delito común, “por supuesto que nosotros no podemos darle el asilo”.

El ministro de la expresidenta Jeanine Áñez huyó del país en 2020 y está imputado por su supuesta participación en la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las investigaciones, el entonces titular de Gobierno, Arturo Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio estaba “cocinado” con anterioridad, en noviembre de 2019.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones; según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

López salió de Bolivia y se refugió en Brasil, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al gobierno. A mediados de 2023 se trasladó hacia Paraguay, desde donde el Estado boliviano pretendía extraditarlo.

Sin embargo, después de un procedimiento de la Cancillería, el gobierno de Paraguay informó a Bolivia que el proceso de extradición del exministro López fue suspendido.

“Paraguay (está) respetando el asilo, (el caso) está en el ámbito del Conare”, acotó.

El caso incluye al exministro Murillo, que ya recibió una sentencia en Estados Unidos, pero por delitos relativos a ese país: soborno y lavado de dinero.

Un tribunal de ese país dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42.