La Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (CICHAR) logró que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no autorice la prospección y exploración de la empresa Walfremar SRL en ese territorio indígena, ubicado en el municipio cruceño de Roboré, informó la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), en una nota de prensa.
Panorámica de un área indígena en Roboré. Foto: Sumando Voces
Fuente: Brújula Digital
Sumando Voces
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La CICHAR envió el 26 de julio una carta solicitando la que no se dé la autorización a la empresa.
La directora de la AJAM Santa Cruz, Jiovana Laura Padilla, aseguró -en la carta de respuesta enviada a la CICHAR el 8 de agosto- que “no se ha otorgado, ni autorizado” la realización de trabajos de prospección y exploración a la mencionada empresa.
Añade que la AJAM en una resolución administrativa del 5 de agosto resolvió “rechazar la solicitud de otorgación de licencia de prospección y exploración a la empresa Walfremar SRL sobre el área Aguas Calientes”, disponiendo la cancelación de la inscripción provisional en el catastro y cuadriculado minero.
Antecedentes de la solicitud de exploración minera en Roboré
El 23 de julio, la cacique mayor de la CICHAR, Nardy Velasco Vargas, envió una carta a la directora de la AJAM de Santa Cruz solicitando información sobre una resolución administrativa del 24 de enero de este año, en la cual se autorizaban los trabajos de Prospección y Exploración de la empresa minera Walfremar SRL, en comunidades indígenas de Aguas Calientes, Yororoba y Quitunuquiña de la jurisdicción del municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
Reclamo de derechos y consulta previa no cumplida
En esa carta, la CICHAR le recuerda a la AJAM que los derechos de los pueblos indígenas conferidos en la Constitución Política del Estado, son protegidos en su dimensión colectiva por el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otras normas.
En ese marco, reclama que la AJAM Santa Cruz haya otorgado derechos mineros a favor de terceros o externos en el territorio ancestral, en la jurisdicción del municipio de Roboré, sin tomar en cuenta los impactos negativos que ocasionan las actividades extractivas (minería) en el recurso hídrico, los ecosistemas, el bosque, suelo, subsuelo, los habitantes de las comunidades afectadas decidieron emitir una resolución de justicia indígena originaria campesina, en el marco del sistema jurídico igualitario y no subordinado vigente en nuestro país.
“La Constitución Política del Estado en su art. 30 reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a existir libremente, derecho a su identidad cultural, a proteger sus lugares sagrados, a vivir en un medio ambiente sano, a ejercer sus sistemas jurídicos propios, a ser consultados mediante normas y procedimientos propios, a la gestión territorial y a la participación en beneficios por la explotación de recursos naturales”.
También reclaman porque no se aplicó la consulta previa e informada como manda la Constitución a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento libre, entendido como la acción y efecto de consentir, compartir el sentimiento entre consultantes y consultados, respetando los procedimientos culturalmente adecuados, hecho que no se cumplió en el presente caso.
Sobre el tema, en la carta enviada el 8 de agosto, Padilla asegura que la AJAM garantiza la realización de un proceso de “consulta previa, libre e informada” como establece la Constitución y la Ley Nº 535, de Minería, modificada en 2020, que señala que esa consulta es de carácter obligatorio en los trámites de solicitud de contrato administrativo minero.
Padilla aseguró que la resolución administrativa “un acto de mero trámite, que no define la solicitud de licencia para explorar el área minera denominada Aguas Calientes”.
Rechazo total a cualquier actividad minera en el territorio indígena
La CICHAR, luego de analizar la autorización gubernamental para realizar acciones de exploración y explotación minera en sus territorios, emitieron una resolución orgánica rechazando las actividades mineras que pretenden desarrollarse en las comunidades indígenas de Yororoba, Aguas Calientes y Quitunuquiña porque vulnerarán sus derechos colectivos y modificarán sus sistemas de vida propia y afectarán la reserva natural de valle de Tucabaca.
“Es importante destacar que nuestras tierras han sido históricamente habitadas, protegidas y cuidadas por nuestras comunidades indígenas, constituyendo no solo un medio vital para nuestra subsistencia, sino también un espacio sagrado con una riqueza cultural e identitaria invaluable. Estos territorios ancestrales son fundamentales para el equilibrio ecológico y la preservación de nuestra cosmovisión como pueblo indígena”, señala parte de la resolución emitida el 16 de julio pasado.
Además, lamentan que las autoridades nacionales y municipales avalen la explotación de los recursos naturales no renovables de sus tierras, más cuando las actividades mineras no solo representan una amenaza directa para su entorno natural y modo de vida sostenible, sino también vulneran sus derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas internacionales ratificadas por Bolivia.
Detalles de la resolución indígena contra la minería
Primero.- Rechazar toda actividad minera y se conmina paralizar todo proceso de autorización, exploración y/o explotación de recursos mineralógicos al interior de los territorios ancestrales, bajo apercibimiento a los operadores privados, estatales y cooperativas, de ser expulsados con incautación de bienes. La decisión es para preservar y precautelar el medio ambiente saludable, las fuentes de agua, la salud y vida de las comunidades indígenas chiquitanas.
Segundo.- Todas las comunidades indígenas del municipio de Roboré se declaran en estado de emergencia y alerta permanente ante la autorización estatal para actividades mineras. Asimismo, demandamos al Estado boliviano el respeto irrestricto a nuestra autonomía territorial y actuar contra toda forma de explotación extractivista, para salvaguardar nuestro patrimonio cultural y natural.
Tercero.- Hacemos un llamado urgente a todas las instancias competentes responsables del control y fiscalización ambiental, así como al conjunto ciudadano comprometido con la justicia social y ambiental, para solidarizarse con nuestra causa legítima, e instamos a sumarse activamente en la defensa integral del valle de Tucabaca, buscando garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos individuales y colectivos como pueblo indígena.
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