El abogado constitucionalista Williams Bascopé recordó que por temas menores se procesó a la expresidenta Jeanine Añez y al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El expresidente Evo Morales en la marcha evista que llegó el lunes a La Paz. Foto: APG
Fuente: Brújula Digital
El abogado constitucionalista Williams Bascopé considera que si la Fiscalía no inicia procesos contra Evo Morales por terrorismo, debido a la marcha que llegó a la ciudad de La Paz el lunes y al anuncio de bloqueo de caminos a partir del 30 de septiembre, estaría incurriendo en incumplimiento de deberes.
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“Si no (inicia un proceso) el fiscal general (Juan Lanchipa), es incumplimiento de deberes. Y si hay algún diputado o senador, debería iniciarle un proceso también al fiscal, porque está incumpliendo sus deberes”, afirmó Bascopé en una entrevista con Brújula Digital.
Añadió que, en caso de que no se inicie una investigación, ya sea desde la Fiscalía o desde el Ministerio de Gobierno, esto demostrará que el país ha pasado de ser un Estado Constitucional de Derecho a un “estado político”.
“Cuando es un estado político y no constitucional, el estado político se somete a la ley del más fuerte, no de la Constitución”, explicó, y recordó que por temas menores se procesó a la expresidenta Jeanine Añez y al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Este martes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que instruyó al comandante de la Policía, Álvaro Álvarez, iniciar las investigaciones sobre los hechos de violencia que se generaron durante la marcha.
La marcha de Morales, que comenzó el 17 de septiembre en Caracollo (Oruro), llegó a La Paz el 23.
En la sede de gobierno, los marchistas se reunieron en un cabildo en el que el expresidente Evo Morales dio un plazo de 24 horas al presidente Luis Arce para que atienda las demandas, entre las que se encuentran el cambio de ministros, la solución a la escasez de dólares y combustible, entre otros puntos.
“La marcha convocada por Evo Morales era sediciosa y estaba llamando a la sublevación y al desorden social, y esto es un tema de terrorismo”, afirmó el abogado.
El artículo 133 del Código Penal indica que por delito de terrorismo se investiga a quien “forma parte, actúe al servicio o colabore con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener un estado en zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella”. Este delito implica un presidio de entre 15 y 20 años.
El exsenador y abogado Carlos Börth indicó que el hecho de que Morales le haya dado un plazo de 24 horas al presidente para atender sus demandas puede asumirse como un derecho a la petición; sin embargo, aclaró que esto no es vinculante, es decir, el mandatario puede o no atender la demanda.
“Si intenta imponer con medidas de hecho, se figura un delito, dependiendo de qué tan violenta sea la acción. En caso extremo, si llega a bloquear carreteras para presionar a la población, incluso puede configurarse el delito de terrorismo”, afirmó Börth en una entrevista con Brújula Digital.
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