Propuesta. El asesor del ente departamental plantea que la coparticipación tributaria incluya un fondo de equidad para aumentar y equilibrar los recursos de los gobiernos departamentales, municipios y universidades públicas
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
En la participación del espacio «Diálogo abierto» realizado en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), las autoridades de la Gobernación cruceña expusieron las observaciones sobre los datos del Censo del INE con respecto a las inconsistencias en las tasas de empadronamiento y datos de nacidos vivos en el departamento, entre otros indicadores.
El director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), Juan Pablo Suárez, comparó las diferencias que las proyecciones departamentales y de empadronamiento oscilan entre el 11% y el 12% con relación al INE.
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«Siempre hemos manejado una tasa de matriculación del 72%, pero ahora los datos indican un 86%. Hay algo que no cuadra en estas cifras», afirmó Suárez, que enfatizó en la necesidad de una mayor precisión nacional en los datos que influyen directamente en la planificación regional.
Agregó que Portachuelo, por ejemplo, perdió un 45% de su coparticipación, mientras que El Torno registró una disminución del 20%. “En el caso del municipio de Santa Cruz, las pérdidas alcanzan los 150 millones de bolivianos al año”, explicó.
A su turno, el asesor de la Gobernación, Darío Monasterio, hizo un llamado de atención sobre las pérdidas en la coparticipación tributaria que representan para Santa Cruz a partir de los datos censales de este 2024.
Monasterio explicó que varios municipios del departamento de Santa Cruz enfrentan severas reducciones en su presupuesto anual debido a los resultados del censo. Subrayó la lucha cruceña para que se haya realizado el censo en 2023, ante la urgencia que representan los datos actualizados de Santa Cruz para el pacto fiscal.
Entre las propuestas de la Gobernación para el pacto fiscal, se plantea que la coparticipación tributaria incluya un fondo de equidad para aumentar los recursos de los gobiernos departamentales, municipios y universidades públicas, dirigidos a los desequilibrios presupuestarios que se presenten en los bienes y servicios públicos.
Dichos porcentajes tendrán que acomodarse a los datos de población omitidos en el censo 2024, de los cuales la Gobernación no está de acuerdo y no los puede aceptar, argumentó.
“Hay claramente una omisión muy fuerte, también la presentación del Instituto Cruceño de Estadística (muestra) una omisión muy grande con respecto a las proyecciones, y no hay la misma proporción en los departamentos”, aclaró Monasterio.