Lo hizo el juez Sebastián Ramos al cumplir el fallo dictado por la Cámara Federal porteña el lunes pasado. Hay otros 14 militares venezolanos en la mira.
Nicolás Maduro (EFE)
Fuente: Infobae
El juez federal Sebastián Ramos ordenó formalmente la declaración indagatoria del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros y su mano derecha, Diosdado Cabello, y dispuso librar sus órdenes de detención a través de la captura internacional vía Interpol para ser extraditados a la Argentina, según la resolución a la que accedió Infobae.
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La decisión es consecuencia del fallo firmado esta semana por la Cámara Federal porteña, que este lunes ordenó hacer lugar a la apelación de la querella y la fiscalía, unificar todas las causas contra Venezuela en el juzgado de Ramos, y ordenar la declaración de Cabello y Maduro, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país.
“A fin de cumplir lo ordenado por el Superior en el punto II y, a raíz de lo encomendado a este Tribunal por la Sala I en el punto III del resolutorio referido, líbrense ÓRDENES DE DETENCIÓN de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, de quienes se carece de otros datos personales de identidad, y, en consecuencia, dispónganse LAS CAPTURAS INTERNACIONALES de los nombrados, vía INTERPOL, CON FINES DE EXTRADICIÓN a la República Argentina. A tal fin, líbrense dichas órdenes cumpliendo con los estándares del Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol (OIPC)”, se sostuvo.
El tribunal también dispuso la indagatoria y detención de un grupo de 14 militares y policías venezolanos acusados por la fiscalía de estar en las “estructuras de las organizaciones de mando intervinientes” en los hechos denunciados. Frente a ello, le solicitó al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina que “en forma urgente recaben, mediante los canales que estimen correspondan, la información que permita la identificación de cada una de ellas” y su localización.
Protestas contra el régimen de Maduro (REUTERS/Henry Romero)Todo se enmarca en la causa que, bajo el principio de justicia universal, se abrió en la Argentina para investigar distintos crímenes ocurridos en Venezuela que fueron denunciados en los tribunales de Comodoro Py. El caso se transformó en una megacausa por la fusión de varias denuncias, pero además por la reciente decisión de la Cámara Federal que incluyó en el marco de la investigación hechos que estarían sucediendo ahora en ese país, en el contexto de las cuestionadas elecciones en las que se ungió como ganador al sucesor de Hugo Chávez.
Para el juez Ramos, se trata de un desafío investigar desde aquí los crímenes denunciados en todo un país que, además, rechaza las acusaciones y la orden de captura librada contra su presidente, y con todas las complicaciones que acarrea recolectar la prueba, más allá de los dichos de las víctimas.
Esta semana, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens remarcaron que “en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
Apenas se conoció en Buenos Aires que la Cámara Federal porteña estaba a punto de resolver el pedido de captura contra Maduro y Cabello, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó la aplicación de medidas preventivas privativas de libertad contra altos funcionarios del gobierno argentino. En un comunicado, la Sala de Casación Penal informó que la investigación involucra al presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Elizabeth Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los acusaron de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil entre otros. Es por el decomiso del avión iraní-venezolano que había llegado al aeropuerto de Ezeiza a mediados de 2022 y fue entregado a inicios de año al gobierno de Estados Unidos, tras el aval judicial.
“Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado. Apuntó que el fallo “carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios”.