Este martes será la audiencia de la Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo, ante el Tribunal de Justicia de La Paz, por los incendios forestales, que pide la abrogación de las leyes incendiarias
Fuente: https://elpais.bo
Este 24 de septiembre se lleva a cabo en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz la audiencia de la Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo en respuesta a los incendios forestales que han azotado a Bolivia. Desde Tarija, activistas ambientales y el Comité Cívico Juvenil se han sumado a esta demanda, que representa la única medida judicial activa frente a los desastres causados por los incendios. Las expectativas son altas, ya que se espera que esta audiencia marque un precedente en la protección del medio ambiente.
La asambleísta departamental de Tarija, Carmen Valencia, expresó su preocupación por la percepción errónea de la población, que cree que los incendios han sido controlados tras las recientes lluvias. Afirmó que esto no es real, ya que hasta el pasado domingo, los bomberos seguían pidiendo ayuda para controlar nuevos focos de fuego.
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Valencia confía en que la Acción Popular presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, genere un impacto. Uno de los puntos clave del petitorio es la abrogación de las denominadas “leyes incendiarias”, que han facilitado, según los activistas, la expansión de los incendios en el país.
Leyes incendiarias
La activista mencionó el impacto negativo que los incendios tienen no solo en el ecosistema, sino también en la vida cotidiana de las personas. La falta de agua, la muerte de fauna silvestre y la destrucción de áreas forestales han dejado secuelas permanentes en varias regiones de Bolivia. Para Valencia, la única solución es un cambio drástico en las políticas que facilitan la deforestación y la quema, y considera que esta audiencia es una oportunidad crucial para iniciar ese cambio.
Al respecto, representante de la Plataforma Ambiental, Ludmila Pizarro, refirió que a nivel nacional existen al menos 10 leyes incendiarias que han llevado al país a esta situación crítica.
Aseguró que no hay un departamento en el país que no tenga problemas ambientales y que cada año, esta situación se agrava sin que se vislumbre una solución, por lo que la Acción Popular representa una luz de esperanza para sentar precedentes y proteger los ecosistemas del país.
Pizarro también subrayó la ineficacia de la «pausa ambiental» decretada por el Gobierno, que no ha detenido la deforestación en el Chaco tarijeño, agravada por la industria del carbón. Enfatizó que la pausa no da respiro al sur del país ni beneficia a los bosques o la biodiversidad. Según Pizarro, mientras la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) siga otorgando permisos de desmonte y aprovechamiento forestal, los incendios continuarán.
Activistas y autoridades esperan que la justicia actúe a favor del medioambiente y los seres vivos afectados por los incendios. La esperanza es que esta Acción Popular impulse un cambio en la legislación que actualmente facilita la deforestación y la quema de bosques.
Ven que leyes incendiarias implica traición a la patria
El director de Gestión Autonómica de Desarrollo Competencial del Municipio de Tarija, Esteban Ortuño, explica que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que una de las figuras del delito de traición a la patria, es aplicable cuando se quiebra el régimen de recursos naturales del Estado. Tras hacer una lectura en este marco, asegura que el nivel central está en la obligatoriedad de preservar la riqueza natural. Entonces, al permitir el desarrollo de legislación incendiaria está yendo en contra del régimen de recursos naturales. Por lo que el Gobierno es pasible a una denuncia.
Ortuño señala que los incendios producidos desde el 2019, se da con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, y lo que se hizo es desactivar las protecciones legales que tenían bosques y selva boliviana, en consecuencia se han reducido las multas por la realización de chaqueos ilegales.
En esa línea, advierte que las autoridades que han incurrido en este tipo de legislación incendiaria, entran en la figura de traición a la patria, considerando además delitos como biocidio, ecocidio, atentado a la salud pública, y delitos múltiples.
“Si el que comete el delito de traición a la patria no es una autoridad pública, tendrá que sentarse la denuncia a la fiscalía, y si es una autoridad estatal, tendrá que ser ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para iniciar los procesos constitucionales que correspondan, como ser los juicios de responsabilidades”, apuntó.
Ortuño dijo que esto no solo se aplica con las autorizaciones para los incendios, sino que también se puede contemplar en materia hidrocarburífera, ya que la ley habla de la protección general y el uso sostenible de recursos naturales.