La madrugada del viernes 12 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial que investigó las presuntas irregularidades en el suministro de combustibles de Botrading a YPFB y envió el caso a la Contraloría General del Estado. El diputado Carlos Alarcón añadió que existen indicios no solo de corrupción sino también de «lavado de dinero» en la que se estima un daño económico en más de 355 millones de dólares.
Uno de los más leales defensores del presidente Luis Arce, el diputado Rolando Cuéllar, formalizó hoy (17) una solicitud para iniciar un juicio de responsabilidades contra el mandatario por el caso Botrading, que habría causado un daño económico de 350 millones de dólares al país.
«Estamos enjuiciando al presidente Luis Arce Catacora por un concurso de delitos por falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, legitimación de ganancias ilícitas. Hay 12 contratos de suministro de diésel y gasolina. No es posible que en este contrato haya un excedente de 170 millones de dólares que se beneficie a Botrading», aseguró el legislador y agregó que la Comisión Mixta encontró «indicios de corrupción» suficientes para aprobar la investigación con más de dos tercios de votos.
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El diputado agregó que «la ganancia de esta empresa fantasma son de 60 millones de dólares, en un total de 250 millones de dólares» y destacó la magnitud del presunto desvío de recursos públicos. Cuéllar explicó que el fiscal general tiene 20 días para remitir a la Asamblea Legislativa todos los elementos de prueba recabados, tras lo cual se procederá a la aprobación formal del juicio de responsabilidades.
La madrugada del viernes 12 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial que investigó las presuntas irregularidades en el suministro de combustibles de Botrading a YPFB y envió el caso a la Contraloría General del Estado. El diputado Carlos Alarcón añadió que existen indicios no solo de corrupción sino también de «lavado de dinero» en la que se estima un daño económico en más de 355 millones de dólares.
Cuéllar enfatizó que se gestionará «orden de captura internacional para la paraguaya Sandra Otazú» que se negó a declarar ante la Asamblea Legislativa. El caso Botrading expone una de las mayores crisis de corrupción del gobierno de Arce que provoca la profundización de la fractura dentro del oficialismo boliviano.