El abogado Juan Carlos Revollo explica que la acción busca un diálogo en el Tribunal Constitucional para frenar el alza de 50 a 80 centavos, advirtiendo que el incremento afectará de forma crítica a los más vulnerables en los meses más inflacionarios.
Milen Saavedra
Fuente: Red UNO
Tras el anuncio del incremento del pan de batalla de 50 a 80 centavos por parte de los panificadores, el colectivo ciudadano Centro Naranja interpuso una Acción Popular en La Paz. Juan Carlos Revollo, abogado y director de la organización, explicó que esta medida legal busca proteger los derechos fundamentales de la población ante una decisión que podría desencadenar una crisis económica en cadena.
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Revollo enfatizó que la acción legal no se trata solo de economía, sino de un producto de carácter «cultural y esencial» para el boliviano, especialmente en La Paz.
«Nosotros veíamos que es una muy insatisfactoria manera en la cual un boliviano o un grupo de bolivianos puede prohibir el consumo y la elaboración o comercialización de ese producto», señaló el director del Centro Naranja.
El abogado destacó que la acción popular, prevista en la Constitución, busca abrir un diálogo entre las partes involucradas (panificadores y ciudadanía) ante el Tribunal Constitucional.
El principal temor del colectivo radica en el efecto de arrastre que el incremento del pan tendrá en otros sectores, justo en los meses considerados más inflacionarios (diciembre y enero). Revollo advirtió sobre un «dominó de carácter económico»: «Ya se ha escuchado, los dirigentes de los transportistas ya han anunciado: sube el pan, nosotros subimos el pasaje». Este incremento en cascada perjudicaría gravemente la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos.
El Centro Naranja argumenta que la decisión de los panificadores está vulnerando dos derechos fundamentales:
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Derecho a la alimentación: El incremento de precio golpea directamente a los sectores más vulnerables: niños, personas embarazadas, enfermos y aquellos que dependen del pan para su alimentación diaria. «Estamos hablando de gente que a veces solo llegan a consumir aquello,» lamentó Revollo.
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Derecho a la seguridad y estabilidad: Afectar la economía básica de la población en un contexto de incertidumbre política y social genera inestabilidad.
El colectivo espera que la Sala Constitucional intervenga para lograr un acuerdo. Sus premisas fundamentales son:
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Priorizar el diálogo: Que el Tribunal Constitucional sea el escenario donde se acerquen las partes.
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Mantener el precio: Que el precio del pan no sea modificado mientras dure este diálogo ante el Alto Tribunal, evitando así el efecto inflacionario inmediato.
Revollo concluyó resaltando que la batalla por el precio del pan es una lucha por los derechos de la gente que se esfuerza día con día, y no debe ser afectada por decisiones unilaterales.
Fuente: Red UNO