Cada cierto tiempo, la historia se repite en distintos municipios del país: denuncias de contratos lesivos al Estado, indicios de sobreprecios, obras inconclusas, uso discrecional de recursos públicos y procesos que, pese al escándalo inicial, terminan diluyéndose en la burocracia o en la ineficiencia institucional. El resultado es casi siempre el mismo: impunidad.
Frente a esta realidad, se impone una pregunta ineludible: ¿quién fiscaliza con rigor a quienes administran los recursos municipales? Los gobiernos locales manejan presupuestos millonarios, definen prioridades de inversión y ejecutan obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población. Sin embargo, cuando existen sospechas fundadas de malos manejos, la respuesta institucional suele ser tardía, fragmentada o insuficiente.
En este contexto, la Contraloría General del Estado debería ejercer de oficio auditorías integrales a todas aquellas gestiones municipales donde hayan existido denuncias serias de daño económico, conducta antieconómica o contratos contrarios a los intereses del Estado. No se trata de una cacería política ni de persecuciones selectivas; se trata de cumplir con el mandato constitucional de control y fiscalización del uso de los recursos públicos.
El caso del alcalde de Santa Cruz de la Sierra podría convertirse en el punto de partida de una revisión más amplia y profunda. No como hecho aislado, sino como señal de que la institucionalidad está dispuesta a romper el ciclo de tolerancia y olvido que ha caracterizado a varios procesos anteriores. Cuando las denuncias no prosperan por negligencia, por falta de capacidad técnica o por interferencias indebidas, el mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador: robar no tiene consecuencias.
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Por ello, cobra fuerza la idea de una suerte de “Comisión de la Verdad Municipal”, no necesariamente como una nueva entidad burocrática, sino como un esfuerzo coordinado y transparente entre la Contraloría, el Ministerio Público y las instancias judiciales, para revisar con criterios técnicos y plazos definidos las gestiones cuestionadas. La verdad administrativa y financiera debe establecerse con claridad, más allá de afinidades políticas.
Este ejercicio no solo tendría un efecto correctivo respecto al pasado, sino también un efecto preventivo hacia el futuro. Las nuevas autoridades municipales deben entender que el ejercicio de la función pública no es una oportunidad de enriquecimiento ilícito, sino una responsabilidad ética frente a la comunidad. Administrar recursos públicos implica responder por cada decisión adoptada y por cada contrato suscrito.
Además, es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia: publicación obligatoria y accesible de contratos, auditorías externas periódicas, rendiciones de cuentas públicas y participación activa de la sociedad civil en el Control Social. Sin ciudadanía vigilante, el control institucional resulta insuficiente.
Los municipios son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Allí se materializan, o se frustran, las políticas públicas que impactan en los barrios, en los servicios básicos, en la infraestructura y en la atención a los más vulnerables. Cuando la corrupción se instala en ese nivel, el daño social es directo y profundo.
Los alcaldes atraviesan hoy su hora difícil. Pero más difícil aún ha sido para los ciudadanos soportar durante años la sospecha permanente de que sus recursos fueron mal administrados. Si queremos restaurar la confianza pública, la rendición de cuentas debe dejar de ser un discurso y convertirse en una práctica efectiva, ejemplarizadora y sin excepciones.
Solo así podremos empezar a cerrar el ciclo de impunidad que tanto daño le ha hecho a nuestras instituciones y abrir paso a una cultura de responsabilidad en la gestión municipal.
Fernando Crespo Lijeron