Asamblea. El viernes, periodistas de la región se reunirán en México para analizar los riesgos que se ciernen sobre la libertad de expresión en Bolivia por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, que afectan la libertad de expresión, además de otros problemas legales que atentan contra el ejercicio del periodismo en el continente. Organizaciones de la prensa piden al Gobierno boliviano formalice invitación a relatora de la OEA. Asociación de Periodistas de La Paz presenta hoy informe sobre participación ante CIDH. Feriado no detiene la recolección de firmas.
Apoyo. Los ciudadanos dieron respaldo a la prensa, firmando los libros que fueron instalados en los cementerios
Agencias, El Deber
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Los riesgos que se ciernen sobre la libertad de expresión en Bolivia por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, que afectan la libertad de expresión, además de otros problemas legales que atentan contra el ejercicio del periodismo en el continente, serán abordados por más de 400 editores y ejecutivos de periódicos de las Américas, en la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizará a partir del viernes, en Yucateca de Mérida, México.
La asamblea, que contará con la participación de los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Colombia, Juan Manuel Santos, tiene como misión analizar los problemas que afectan la libertad de prensa y de expresión en la región, a la vez que define estrategias de trabajo para proteger esos derechos humanos fundamentales.
Además de la violencia contra la prensa promovida por el crimen organizado y la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas, como eje central de discusión, la reunión también versará sobre los problemas legales que afectan la libertad de expresión, como la vigente ley de medios en Argentina y la polémica legislación sobre comunicación en Ecuador, así como las leyes electorales que restringen la labor informativa en países como Bolivia y la ausencia de una norma que proteja el secreto profesional de los periodistas en Estado Unidos.
También serán revisados los procesos judiciales en contra de la prensa, tanto en Brasil, Canadá y Uruguay, así como el avance de los gobiernos en la compra, creación o expropiación de medios de comunicación como en Honduras, Nicaragua y Venezuela; y el destierro de periodistas independientes cubanos que han sido liberados de las prisiones. Respecto al asesinato de periodistas – 21 casos en 2010, 10 de ellos en México –, la SIP tendrá una sesión especial de trabajo con legisladores nacionales. La asamblea será hasta el martes.
Feriado no detiene la recolección de firmas
Los periodistas de Santa Cruz aprovecharon ayer la gran afluencia de personas en los cementerios para recolectar firmas en defensa de la libertad de expresión.
Se instalaron libros en el ingreso del cementerio General, Pajonal y La Cuchilla; además, durante todo el día se observaron largas colas de ciudadanos que se acercaban para estampar sus rúbricas, con el fin de exigir la derogación del artículo 16 y la modificación del 23 de la ley antirracista.
El ex alcalde Johnny Fernández fue una de las personas que apoyaron la causa de los periodistas, firmando uno de los libros en el cementerio General.
Hasta la fecha, en Santa Cruz suman más de 300.000 firmas de ciudadanos que defienden la libertad de prensa.
Piden al Gobierno formalice invitación a relatora de OEA
Organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa. Fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz dijo que de concretarse la llegada de Catalina Botero se demostrará la forma en que los “artículos mordaza” de la Ley Contra el Racismo violan la libertad de expresión.
El Diario
Las organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa piden al Gobierno oficialice la invitación a la relatora especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, para que verifique las denuncias de restricciones a la libertad de expresión y de prensa a consecuencia de las leyes aprobadas por el gobierno de Evo Morales.
“Mandaremos una carta al Gobierno para que formalice esa invitación”, manifestó el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, quien dijo que demostrarán el estado en que se encuentra la libertad de expresión “toda vez que el Gobierno está tejiendo una arquitectura jurídica atentatoria contra la Constitución”.
Catalina Botero fue invitada de manera verbal por el vocero gubernamental, Iván Canelas, a visitar el país para cerciorarse de que en Bolivia no existe ningún atentado contra la libertad de expresión. Esa invitación fue realizada el pasado 25 de octubre, durante la audiencia concedida por la CIDH.
En ese marco, Vargas manifestó a la agencia NAN, que la presencia de la alta comisionada de la Organización de Estados Americanos (OEA) será importante puesto que las organizaciones de la prensa le transmitirán sus temores y preocupaciones “por los constantes ataques del Gobierno a los periodistas”.
Vargas anunció que de concretarse la llegada de Botero, aprovecharán para explicarle y mostrarle con hechos concretos el “atentado” que comete el Ejecutivo contra la libertad de expresión con la aprobación de la Ley de Lucha Contra el Racismo, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y La Ley del Régimen Electoral.
APLP presenta informe sobre representación ante la OEA
El fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, presentará esta jornada un informe completo sobre la representación realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que durante la anterior semana se desarrolló dentro de la campaña de denuncia por la vulneración a los derechos de información y expresión que vive Bolivia. Asimismo, Vargas explicó que la veedora de la OEA debe recibir una invitación formal de parte del Gobierno nacional para estar presente en el país y constatar in situ las denuncias presentadas por los periodistas bolivianos.
En entrevista con radio Panamericana el Fiscal de la APLP, dijo que la visita realizada a la sede de la Comisión de DDHH en Washington fue positiva, porque se sentó un precedente para evaluar la situación de la prensa boliviana en el actual contexto político y social.
“La evaluación es bastante positiva, porque se ha logrado agendar la libertad de expresión en Bolivia, porque las agresiones de distintas formas que sufre el periodismo han sido denunciadas”, dijo.
FORMALIZAR INVITACIÓN
Según Vargas, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, quien representó al Ejecutivo como contraparte ante la OEA, invitó a la directora de la Relatoría de DDHH, Catalina Botero, al país, pero subrayó que la conminatoria debe ser formalizada, por lo que la APLP envió una nota al presidente Evo Morales, para que pueda remitir una nota oficial ante la instancia internacional.
“El vocero presidencial invitó a la señora Catalina Botero para que pueda venir al país y verificar el estado de la libertad de expresión, naturalmente la OEA tiene sus propios tiempos y acomoda su tiempo para realizar las visitas, por lo que todavía no hay una fecha, pero el vocero y el Gobierno tienen que hacer oficial la invitación verbal y estamos enviando una carta al Presidente para que pueda formalizar esta invitación”, explicó.
La campaña de los periodistas continúa en todo el país con diversas manifestaciones y la representación efectuada ante la OEA busca traer a esta entidad al país para demostrar mediante testimonios y documentos, todas las acciones que se han preparado desde el Ejecutivo para limitar y regular la actividad periodística, según explicó el entrevistado.
“El mecanismo testimonial es cuando los periodistas que han sido agredidos, que han sido amedrentados van a presentar su testimonio ante la relatora especial y es documental, porque vamos a presentar documentos del cuerpo normativo que hemos denunciado y que a partir de algunos artículos dentro de la CPE, son claramente atentatorios contra la libertad de expresión”, declaró.
CONTINÚA LA CAMPAÑA
La campaña de los periodistas contra los “artículos mordaza” continúa en todo el país con diversas manifestaciones
El representante de los periodistas independientes aseguró que la Ley antirracismo es respaldada por toda la sociedad, pero se continuará con el pedido de modificar los dos “artículos mordaza” que vulneran la libertad de expresión de toda la ciudadanía boliviana, por lo que la campaña de recolección de firmas continuará dos semanas más.
Destacó además que la comunidad de residentes bolivianos en Washington también se adhirió a la campaña “Un millón por la libertad” con lo que la meta establecida estaría por cumplirse.
“La campaña debe prolongarse por un par de semanas, porque no hay un plazo fijo para presentar la iniciativa ciudadana y no se trata que haya 500 mil ó 600 mil periodistas ésta es una petición de la gente que está pidiendo al Gobierno que deje de afectar la libertad de expresión de la ciudadanía”, finalizó.