El “pin” del contrabando (4).
El 24 de junio de 2010, 11 camiones salieron del recinto de la Aduana Regional de El Alto sin los trámites concluidos. Llevaban rollos de tela y el Control Operativo (COA) los interceptó. De retorno a los almacenes, se estableció que cinco de ellos tenían serias irregularidades. Ahora el caso enloda a 17 personas, entre ellas importantes funcionarios de la Aduana Nacional.
Un caso arrastra al otro o de un caso se desprende el otro. El Ministerio Público los llamó casos “11 camiones” y “cinco camiones”. “En primera instancia se observó que los camiones salían en un horario no permitido, ya que el horario autorizado es hasta las 16.30”, dice parte de un informe del entonces subcomandante del COA, coronel Rómulo Delgado, dirigido el 26 de junio al comandante de la unidad policial aduanera, coronel Osvaldo Cabrera.
El oficial, según papeles a los que accedió Erbol, también dice que “al verificarse los documentos, éstos tenían canal rojo y el contenido de la mercadería corresponde a Efraín Choque”. Éste “le habría mencionado (a otro oficial) que ya realizó las conversaciones necesarias con personal de la Aduana para que le ayuden”.
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Un informe de Inteligencia sobre el caso, dirigido el 30 de junio por “Bruno” a “Arsenio”, dice que el dueño de la carga “se mostraba nervioso por la intervención y pidió solucionar el problema sin que ingresen nuevamente los camiones, insinuando que quería pagar a cambio de que salgan los camiones, (y) luego de una entrevista indicó que sí existían irregularidades con referencia al metraje de las telas”.
En otro informe, enviado el 28 de junio de 2010 a la vicepresidenta de la Aduana, Magaly Angulo, Cabrera se refiere también a esa insinuación. “(…) Se evitó la salida de 11 camiones con rollos de tela, asimismo la intervención que se hizo a cinco camiones, quienes (sic) pretendieron sobornar al personal de esta unidad (COA), hecho suscitado en fechas 24, 25 y 26 de junio del año en curso”.
Lo cierto es que el Ministerio Público investiga por el caso a 17 personas, muchas de ellas funcionarios de la Aduana Regional de El Alto, por falsedad material, tráfico de influencias en actividades aduaneras, encubrimiento, receptación, contrabando y asociación delictuosa. Dos de los implicados ya tienen imputación formal, Mirko Figueredo Medina, entonces gerente de la Aduana Interior de El Alto, y Vladimir Hurtado. Hay un tercer investigado, Johnny Molina, quien entonces era gerente de la, según la fiscal de la causa, Rosario Durán, fue quien denunció la salida de los 11 camiones.
La lista de 17 implicados se derivó del “acta de intervención” del caso, que encontró “presunción de delitos”, dictada por la Unidad de Fiscalización de la Aduana el 1 de febrero de 2011. Ese documento se originó en un “control diferido” de la mercadería, que se trata de un procedimiento aduanero –“para generar riesgo”– de evaluación técnica posterior a la internación de los productos para establecer o descartar irregularidades en los trámites o el contenido de la carga.
El caso derivó en otro. Según la fiscal Durán, a pesar de que los 11 camiones estaban cuestionados, el gerente de la Aduana Regional de El Alto, José Luis Lafuente, permitió la salida de cinco de esos motorizados el sábado 26 de junio de 2010, tres días después de la intervención de la mercadería en los almacenes aduaneros de esa ciudad. Contó que Molina habló por celular con el gerente, quien –explicó— inicialmente admitió que los camiones presentaban irregularidades, pero luego autorizó las salidas.
“Con pleno conocimiento del procedimiento que debe seguir ante la intervención de vehículos que presumiblemente transportaban mercadería de contrabando, se ha permitido la salida de dichos motorizados y que no se ha hecho la denuncia”, dice el texto de la imputación contra Lafuente y otros, formalizada el 28 de octubre de 2010 y dictada tres días antes por las fiscales Sheila Pérez y Milena Alba.
El principal implicado en el caso presentó un memorial sobre “incidente de actividad procesal defectuosa”, en el que observó la actuación de las fiscales, quienes supuestamente suplantaron las funciones de Durán, quien fue asignada el mismo día de la salida de los cinco camiones, el 26 de junio de 2010.
Durán consideró que el recurso de Lafuente no será validado por el Juzgado Octavo den lo Penal, donde radica la causa, en razón de que “por la unidad del Ministerio Público” las acciones de sus colegas salientes eran correctas, debido a que no habían sido notificadas de su separación del caso.
Erbol supo en el Ministerio Público que la separación de fiscales en causas de la Aduana Nacional es constante, como pasó con Pérez y Alba. “La Aduana es un monstruo, que afecta a todos”.
Este medio intentó conocer la versión de la presidenta de la entidad de interdicción al contrabando, Marlene Ardaya, pero su relacionista público, Óscar Sandi, informó que la funcionaria no se referirá a estos asuntos debido a que supuestamente entiende que persiguen objetivos políticos de parte del directorio de la institución, que hace tres semanas hizo otras denuncias. Erbol no se contactó con ningún directivo y, al contrario, supo de estas denuncias de otras fuentes alternativas y de parte de la fiscal Durán.
El Ministerio Público también investiga el “caso Sachet”, por el que Lafuente tiene “detención preventiva”, referido a la importación de mercadería de marca y procedencia falsificada.
La Paz, 6 Mar. Erbol, Rubén D. Atahuichi López