La consulta previa sólo procedería si se empieza de “fojas cero”. El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT dice que los pueblos indígenas deben participar de la formulación, aplicación y evaluación de los proyectos de desarrollo.
La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la oposición en la Asamblea Legislativa aseguran que la “consulta previa” procede sólo con la derogatoria de la ley corta y la anulación de los contratos con la empresa OAS, que construye la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Los indígenas que realizaron la VIII marcha indígena, efectuada entre agosto y octubre de 2011, rechazaron el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada que consensuaron los marchistas del Conisur y las presidentas de las cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Montaño y Rebeca Delgado.
Los interlocutores de la caminata en defensa del TIPNIS, Plácido Samo y Youcy Fabricano, demandaron al Gobierno y a la Asamblea Legislativa volver a “fojas cero” en el planteamiento del proyecto vial por el TIPNIS.
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“La Ley de Consulta que está haciendo el Gobierno a través de la Asamblea Legislativa debe ser para proyectos futuros, si quiere hacer consulta tendría que abrogar, derogar o anular el contrato (con OAS), eso sí podría ser consulta prevía”, declaró Samo.
Los indígenas que se oponen a la vía argumentan que la consulta al Isiboro Sécure no procede a este tiempo, porque el Gobierno nacional ya accedió a un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y la empresa brasileña OAS ya inició las obras en los tramos I y III.
Asimismo, sostienen que las normas nacionales e internacionales prevén la consulta previa, pero “antes” de iniciar el proyecto que les afecta directamente a los pueblos indígenas.
La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo coincidió con esta posición y emplazó al Gobierno: “Tendrán que derogar la ley y al mismo tiempo tendrán que anular los contratos (…) y dejar todo en fojas cero”, dijo.
La asambleísta opositora exigió que se transparente las presuntas irregularidades en el contrato y un supuesto sobreprecio de 100 millones de dólares.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “dichos pueblos (indígenas)deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Además que la consulta debe ser de “buena fe”, con la finalidad de lograr un acuerdo o el “consentimiento” para la implementación de un proyecto.
Los opositores defienden como primer principio la vigencia de la ley corta. El diputado Jaime Navarro, de Unidad Nacional, criticó la “poca seriedad” del Gobierno y la Asamblea. “Se quiere trancar la puerta después que el burro ya salió”, ironizó.
Página Siete / La Paz – 07/02/2012