Elio Pedraza Vargas
El Estado de Bolivia está en la obligación de proteger a todos los ciudadanos bolivianos que habitamos o no en el país. Indudablemente que la protección debe ser principalmente para quienes están más desprotegidos, pero esta actitud no sólo es de los Órganos de Poder, sino de la misma población.
Y muy al margen de la discriminación a la que fueron sometidos los marchistas representantes de un diez por ciento de discapacitados del país por parte del Órgano Legislativo y Ejecutivo del Estado Plurinacional, se ha sentido el abandono de las Organizaciones Internacionales, solo hay que agradecer a Dios y a la prensa porque permitió escuchar la voz del vicepresidente del Ecuador Lenin Moreno.
Y durante los días de la sacrificada marcha, la población boliviana vivió momentos en los cuales no se comprendía la actitud del gobierno que tozudamente actuaba en contra de la Ley 045 que levantaron como una tea que daba luz el día de su promulgación.
Y si bien la ley 223 nos dice que la persona con discapacidad tiene la misma dignidad y derechos que el resto de los bolivianos, ¿por qué no se les otorgó a los que tienen discapacidad grave y muy grave ese bono de tres mil bolivianos al año?
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¿Acaso ellos pueden trabajar por si mismos de manera independiente? Y me trae a la memoria el debate entre la señora Senadora del MAS que es no vidente y un representante de los discapacitados que estaba sentado en su silla de rueda y que apenas podía ejercer el movimiento para estar recto del tórax hacia arriba.
¿Quién puede trabajar en esas condiciones a pesar de la inclusión laboral?, indudable que la señora Senadora que gana sus quince mil bolivianos al mes y tiene seguro, pero no así quien está postrado en una silla, no tiene seguro y peor recursos económicos para comprar los caros medicamentos que precisa una persona con cualquier discapacidad. ¿Por qué no se tramita un Seguro Vitalicio? Si somos un Estado que pertenece al socialismo del siglo XXI.
De la misma manera nos hablan de la educación inclusiva, en donde la educación debe dar respuesta a la diversidad mediante a) adaptaciones físicas b) curriculares c) y personas de apoyo. Pues bien ¿esa persona de apoyo para cursos de “integración” tendrá un ítem del Estado Plurinacional?, ¿los padres de familia tendrán que correr con ese gasto? ¿Quién se hará cargo del personal de apoyo para esos niños que serán incluidos, según la ley?, ¿no será una pantomima más de los levantamanos?
Y es oportuno analizar el artículo 10 de la ley 223 (DERECHO A LA EDUCACIÓN) en donde aparentemente clarifica que el Estado Plurinacional de Bolivia “garantiza” el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva e integral.
Si bien la explicación exhaustiva en la ley no está presente, habrá que esperar la Reglamentación, en la cual se determine la permanencia de estudiantes con (dis)capacidad de aprender algo continúen en el proceso educativo y no sean “retenidos” en el mismo curso con el pretexto de que no aprendieron nada y que tal vez en uno o más años lo logren.
Esa actitud de docentes, directores y “otros”, dejan de lado la socialización del estudiante con la discapacidad que tiene y evita el continuar mejorando con sus compañeros cronológicamente iguales.
Esta redacción de la Ley nos permite ver una vez más que las leyes en nuestro país no están siendo redactadas con la opinión de los involucrados, así sean estos los queridos o los odiados, así sean estos los que piden un bono y los que no lo necesitan, así sean estos los que pueden trabajar y los que no pueden, así sean estos, los que son independientes y los que no lo son.
Pero ojalá no sean los que permanentemente piensan en la picardía criolla, los que con criterios equivocados impongan una ley que en verdad debe ser bien resistida si se da una reglamentación entre bandolinas palaciegas.