Maggy Talavera
Bolivia es, cada vez más, un país de paradojas. Ingresa al siglo XXI con la mirada puesta en el pasado. Y lo que es aún peor: repitiendo las malas actuaciones del pasado. Lo hace con pies de plomo, con el aliciente del propio Estado. O para decirlo de manera más apropiada: con el impulso de quienes administran los intereses del Estado. Una pésima noticia para quienes lo habitan y más todavía para las próximas generaciones, porque si la tendencia regresiva continúa en ascenso con la intensidad que vemos hoy, Bolivia no será un país digno de habitar, sino un lugar salvaje y falto de humanidad, del que todos querrán huir.No es ninguna exageración. Carlos Mesa acaba de graficarlo con una frase lapidaria: “El país vive en medio de la casi total falta de control de sus impulsos más primitivos”, dice en su artículo “La vida no vale nada” publicado en Página Siete. ¿No es acaso una afirmación de terror, pero que se ajusta dolorosamente a la realidad que estamos viviendo en Bolivia? Una realidad marcada por la violencia como “arma” para imponer privilegios más que derechos, o como respuesta ‘justiciera’ ante cualquier delito o injusticia padecidos. Ambos caminos, hay que anotar, abiertos no apenas desde la sinrazón que suele instalarse en el sentimiento de las víctimas de la violencia ante la impunidad de sus victimarios, sino también desde la irresponsable complicidad de los “servidores” públicos que ven en el caos la mejor manera de ocultar su inoperancia.Ésta es una realidad mucho más grave de lo que la sociedad hoy está en condiciones de percibir. Es que ya no se trata sólo de linchamientos que se registran casi a diario en cualquier región del país. Tampoco únicamente de atracos y asaltos que suman cada vez más muertes violentas, alimentando una sensación paranoica de inseguridad que está sirviendo de pretexto para que los enemigos de la vida reclamen la pena de muerte como “castigo ejemplar”. De lo que se trata es de un problema mayor que puede llevar a Bolivia a transformarse en un país fallido, después de haber claudicado ante la anomia social que lo amenaza desde hace años. ¿O acaso no es ésta la principal amenaza para una sociedad que se precia de vivir en “proceso de cambio”?Es doloroso reconocerlo, sin caer en exageración, pero lo cierto es que Bolivia está en proceso de padecer de ese terrible mal: anomia social. A diario abundan ejemplos de “situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. Es lo que hemos visto en Yapacaní hace unos meses, antes en Uyuni o Llallagua, mucho antes aún en Chapare y hace pocos días en El Alto y en Quila Quila. Sin contar otros casos que no presentan víctimas fatales, pero que son igualmente violentos y producto del irrespeto a las normas, como son los avasallamientos de viviendas, de tierras fiscales o particulares, de territorios indígenas y parques o reservas nacionales.Son hechos protagonizados no sólo por sectores de la sociedad civil, sino también -o fundamentalmente, por qué no decirlo así- por actores de las propias instancias públicas llamadas a hacer todo lo contrario, pero que pese a ello no lo hacen, como es el de promover, alentar y lograr el cumplimiento de las normas y leyes, sin que medien intereses personales, económicos y políticos sectarios. Hoy parece que no hay otra norma sino la que cada quien aprueba para sí, además de que padecemos por la carencia de un lenguaje que permita llamar a las cosas por su nombre.Como se ve, no se trata apenas del aumento de delitos porque una o varias personas no cumplan la ley. Lo que vive Bolivia es más que eso. Es el menosprecio por las normas sociales, un retroceso a lo que Mesa señala como “impulsos más primitivos”. En otras palabras, a la barbarie, a ese lamentable estado en el que las personas actúan “con violencia y crueldad, sin compasión ni humanidad, contra la vida o la dignidad de los demás”. Y hay que insistir en aclarar que lo dicho no sólo apunta a los casos de linchamiento y violencia callejera ya mencionada antes, sino también a otras formas de linchamiento que no parecen generar la misma animadversión, como es el linchamiento político o el linchamiento social.¿Por qué Bolivia ha comenzado a desandar, a transitar el regreso a sus “impulsos más primitivos”, a la barbarie? Las causas parecen apuntar a lo que se puede ya señalar como “un colapso de gobernabilidad” provocado por la “incapacidad de la estructura social de proveer lo necesario para lograr las metas de la sociedad” y, también, por la incapacidad de sus gobernantes y líderes de controlar la “emergente situación de alienación” experimentada por sus gobernados y por ellos mismos.Página Siete – La Paz