Denuncian que se militarizó el área protegida. El Segip trasladó sus equipos al parque nacional para carnetizar a los indígenas.
MARCHA. Indígenas de tierras altas y bajas ingresan a los Yungas paceños portando la tricolor nacional – Gregory Beltrán La Prensa
Funcionarios del Gobierno, militares, dirigentes indígenas, periodistas, brigadas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), del Órgano Electoral, activistas, universitarios, parlamentarios y representantes de otros sectores se trasladaron al territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), unos para impulsar la Ley de Consulta y otros para definir acciones contra esta determinación gubernamental.
CARNETIZAR A LOS INDÍGENAS. El director del Segip, Antonio Costas, confirmó que algunas de las brigadas de esa institución ingresaron al TIPNIS para carnetizar a los indígenas.
Explicó que se trata de una tarea rutinaria que se desarrolla en diversas regiones, como en el departamento de Pando; en San Julián, Santa Cruz; Luribay, La Paz, y otros lugares, “con la finalidad de hacer la cedulación”.
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El subgobernador de la provincia beniana de Moxos, Sixto Bejarano, confirmó que en los pasados días ingresaron al territorio indígena tres comisiones del municipio moxeño y de la Gobernación del Beni que están respaldadas por el Gobierno. “No tenemos por qué alarmarnos, al final, son políticas del Gobierno Nacional, la consulta es parte de la democracia, por lo tanto, no hay por qué temerle”.
Bejarano confirmó que la intención es llevar a algunas comunidades “materiales” que necesitan e, al igual que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que sean “prebendas” para que los indígenas acepten que la carretera pase por el centro del parque.
“En el TIPNIS existe presencia del Estado”, que “de ninguna manera debe ser concebida como dádivas a cambio de torcer o direccionar una decisión de las comunidades indígenas”, sostuvo.
Por su lado, el presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, Carlos Ortiz, confirmó que una comisión de técnicos ingresó al territorio para recoger información que permita desarrollar la consulta en cuestión.
“No está la persona que busca porque se fue al TIPNIS”, informó uno de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Respuestas similares se recibieron en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que son las instancias gubernamentales que deben ejecutar la Ley de Consulta.
415 millones de dólares costará la carretera que unirá Villa Tunari con San Ignacio de Moxos.
Ayer por la TARDE, dirigentes indígenas se disponían a ingresar al Tipnis para sostener un encuentro regional.
El exviceministro Raúl Prada y el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, denunciaron que el territorio indígena fue prácticamente militarizado con equipos de la Armada Boliviana que llevaron vituallas y otras prebendas con “el objeto de distribuirlos entre los comunarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), del TIPNIS, comprometiendo su voto a favor de la carretera. Esta acción de chantaje es una flagrante violación de una de las cláusulas de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, cláusula que establece que no puede haber coerción”.
Vargas señaló, en cambio, al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de haber sido quien inició la campaña a favor de la construcción de la vía que unirá a los departamentos de Cochabamba y Beni. El Gobierno “está entrando con un montón de víveres, medicamentos, antenas parabólicas” y otros, mediante comisiones, como una manera de “chantajear a las comunidades”.
Por Gregory Beltrán – La Prensa – 16/03/2012