Jorge Lazarte R.
El voto universal fue una de las tres grandes “conquistas democráticas” de la revolución del 52. Representó un salto en la ampliación de la ciudadanía política a todos los bolivianos mayores de 21 años, eliminando los obstáculos censitarios y legales que habían regido hasta entonces. Con ello lo que podía recién llamarse “pueblo” se convirtió en fuente de legitimidad del poder, que antes había descansado sobre una minoría exigua, que también se consideraba “pueblo”. El voto universal fue parte esencial de una cierta idea de democracia, que habría de producir en el tiempo su propia negación: la contrademocracia.
El voto universal fue la cristalización política y legal de la democracia como democracia del “pueblo”. Si la revolución de 1952 fue calificada de democrática es porque el “pueblo” fue su protagonista. Esto es, en los términos de “abril”, “pueblo” nunca fue todo el pueblo, sino lo que se llamaban “fuerzas vivas”, “las grandes mayorías”, “sectores populares”, distintas del “no pueblo”; “pueblo” era el “nacionalismo” contra el “coloniaje”. Estas “fuerzas vivas” fueron denominadas más tarde, en los años 80-90, “sectores subalternos”, “movimientos sociales”, que tampoco son todo el “pueblo” (como debería serlo en democracia). Es la democracia de “pueblo soberano”, que puede imponerse de “a buenas o de malas” sobre las minorías “colonizadas”.
Es decir, la revolución del 52 cambió la escala de la exclusión. Se había pasado de “pueblo” minoría, excluyente de la “mayoría”, a “pueblo” mayoría, excluyente de la “minoría”, con el agravante de que ese “pueblo” mayoría podía funcionar como artefacto político que podía ser inventado por el poder contra sus adversarios, que sí podían ya ser la mayoría real.
Con esta idea de “pueblo” se asoció la creencia de que el “pueblo” sólo es pensable en acto, el “pueblo” “real”, que existe en sus acciones. La democracia de “pueblo” connota la democracia “participativa”, de masas, de multitud. Más democracia es igual a más participación. El modelo sindical de democracia de “asamblea” y “acción directa” de entonces, fue la “participación popular” en los noventa, y la democracia “plebeya”, “insurgente”, consensual y comunitaria, en los dos mil.
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Es también el “pueblo” al que se le reconocía la facultad de valerse de “todas las formas de lucha”, de las que el “soberano” no se privaba. Es decir, es una idea de la democracia “popular” para la cual todos los medios se justifican con arreglo a los fines reputados de democráticos, y que por ser tales convierten en democráticos esos medios, ajustándose los unos con los otros, como se lee en la Tesis del VI Congreso cobista, el documento político más significativo de la época.
Pero como este “pueblo” no existe realmente sino en idea, el “pueblo” real son sus distintos componentes, que se apropian de la idea de “pueblo” creyéndose cada uno “el pueblo”. Y es en su nombre que diariamente despliegan sus “métodos de lucha” desde hace décadas como democracia de “alta intensidad”, de movilización permanente, según la lógica del ultimátum. Esta concepción de democracia termina matando la posibilidad misma de la democracia, que implica sometimiento a ciertas reglas comunes para resolver los conflictos, renunciando al uso de la violencia. De manera general la convivencia es una suerte de pacto sobre los límites socialmente permisibles.
Esta idea de “pueblo multitud” es anterior al 52, y viene de lejos. Se continúa pensando y agotando la democracia sólo en términos de “pueblo movilizado”. Esta concepción “populista” de democracia, muy extendida en Bolivia, es el mayor obstáculo para pensar la democracia como Estado de derecho y garantía de derechos fundamentales. La idea de que “las necesidades del pueblo están por encima de la ley”, es la licencia para el “todo vale”; es la anarquía por ausencia de reglas en la base de la sociedad; y es el despotismo en las alturas del poder. Es la contrademocracia. Si de alguna manera esa idea de democracia pudo haber sido pertinente el 52, en el siglo XXI es simplemente un lastre.