Por si quedaba alguna duda, el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana puso las cosas en claro al señalar que la intención del gobierno con el embargo a El Diario es “clausurar” ese periódico.
No se trata, por lo tanto, de cobrar supuestas deudas impagas sino lisa y llanamente de cerrarle las puertas a un medio no alineado con el gobierno.
Dicen que la historia vuelve a repetirse. En este caso, la arremetida gubernamental contra El Diario repite la violenta intervención protagonizada en 1970 por la dictadura de izquierda del general Torres, que expropió ese medio.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado su alarma por el embargo al periódico paceño, comparando el caso con el del diario Clarín en Argentina, invadido por un batallón de cien funcionarios de impuestos del vecino país.
“Olemos un intento de cerrar El Diario y acallar las voces independientes en Bolivia”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
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Paolillo también precisó que la decisión sobre el tema tributario debería ser tomada por un juez y no por el Servicio de Impuestos Nacionales, agregando sin embargo la pregunta crucial: “¿qué confianza podemos tener en los jueces bolivianos cuando ellos acaban de decir que el presidente puede ser reelecto, interpretando la Constitución que el propio presidente impulsó y que prohíbe la reelección?”.
La cuestión de fondo es que no estamos ante una situación aislada, sino frente a un fenómeno cada vez más reiterado en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y demás integrantes del bloque neo-autoritario del ALBA…