Derechos Humanos pretende localizar en Pando a unas 60 de las 112 personas para procesarlas por cinco delitos relacionados con la masacre de Porvenir.
El 2009 siguieron las detenciones de pandinos trasladados a La Paz para procesarlos por los sucesos de Porvenir.
La Prensa
Derechos Humanos busca a 60 de 112 personas para enjuiciarlas
EL PROCESO SE VENTILARÁ EN LA PAZ
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Derechos Humanos pretende localizar en Pando a unas 60 de las 112 personas para procesarlas por cinco delitos relacionados con la masacre de Porvenir, ocurrida el 11 de septiembre del año pasado y que cobró la vida de al menos 11 individuos.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Rolando Villena, explicó anoche que los fiscales Félix Peralta y Eduardo Morales se trasladaron a Cobija pero no tuvieron el tiempo suficiente para ubicar los domicilios de los 112 demandados por esa razón.
La querella privada fue abierta por los delitos de torturas, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves y asociación delictuosa.
“Antes de abrir la causa en sí, es necesario notificar personalmente o en sus domicilios a todos los querellados”.
Villena dijo que las 112 personas mencionadas en la demanda deberán prestar sus declaraciones en La Paz.
Posteriormente deberá instalarse el juicio oral, público y contradictorio que, como señala el Código de Procedimiento Penal, no podrá interrumpirse hasta que se dicte la sentencia, que podrá ser apelada ante la Corte Superior de La Paz y la Corte Suprema.
Desde Cobija, el presidente del Centro de Acción Pandina, Heberth Salvatierra, informó a La Prensa que el fin de semana no hubo nuevas acciones del Ministerio Público paceño contra los demandados.
“Se pegó unos cedulones, nada más, para notificar a más de 100 personas con la demanda. Los fiscales que vinieron de La Paz no hicieron nada más”.
Con apoyo de civiles, los representantes del Ministerio Público pegaron esos anuncios en diversos puntos de la ciudad y ante los domicilios de algunos de los querellados.
Entre estas personas se encuentran el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro; Ana Melena de Suzuki, ex presidenta cívica; Ricardo Shimokawa y otras personas que actualmente son refugiados políticos en Brasil.
Villena no descartó la posibilidad de ampliar la demanda a otras personas en la medida que avancen las investigaciones, aunque por el momento la prioridad es ubicar dónde se encuentran los demandados.