La lucha por el poder es encarnizada, aunque estamos recién en puertas de la apertura oficial de las campañas proselitistas. Ya la chicana, el engaño, la mentira, la exageración…
Editorial La Prensa
La lucha política desatada en el país, que tiene como meta llegar con las mayores ventajas posibles a las elecciones generales de diciembre próximo, ha llevado a los partidos del oficialismo y la oposición a dar un contenido electoral a los temas más candentes, urticantes y controvertidos, como son la violencia y la corrupción.
El Parlamento se ha convertido en centro de debates y maniobras, iguales o mayores a las que se pensó que podían haber quedado atrás en esta época de cambio, reavivando enfrentamientos políticos sobre la denominada “masacre de Porvenir”, el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz, el presunto racismo en Chuquisaca, las muertes de La Calancha, el juicio contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros. Ahora más que nunca los partidos buscan obtener un rédito político y utilizan todos los recursos para llevar agua a su molino. No les importa si en esta guerra se dañan honorabilidades, se destruyen prestigios. Lo que les importa es cómo afectar al rival en su caudal electoral, cómo hacer para restarle votos.
La lucha por el poder es encarnizada, aunque estamos recién en puertas de la apertura oficial de las campañas proselitistas. Ya la chicana, el engaño, la mentira, la exageración, la irresponsabilidad, las interpretaciones chuecas, hechas a gusto y sabor sobre procesos y potenciales responsables de esos dramáticos hechos, están siendo los ingredientes principales con los que se cocinan las campañas.
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El oficialismo acelera informes irresponsablemente incompletos, sesgados, inexactos y manipulados para pretender demostrar a la sociedad que está combatiendo la corrupción, la violencia, el terrorismo. La oposición salta indignada acusando al oficialismo de incurrir en abusos del poder, de no profundizar sus investigaciones, de meter a opositores en las mismas canastas del delito y pretendiendo exonerar de culpa y amparar los abusos de gente que actuó con saña en todos o en casi todos los episodios que citamos.
Los fiscales se convierten en figuras estelares de los informativos periodísticos con declaraciones irresponsables, sin importarles el daño que causan, con tal de satisfacer, en muchos casos, las expectativas del Gobierno, y los medios nos hacemos eco de esos juegos poco serios porque no podemos dejar de dar las noticias.
Todo esto constituye un antecedente sombrío de lo que podrá ser la campaña misma. Ya comenzaron a aparecer avisos por televisión cargados de odio contra quienes todavía no han sido sentenciados como responsables de los actos de corrupción y de violencia y que, por lo tanto, son sólo acusados. La muerte civil empieza a rondar a muchos de éstos, mientras que otros sospechosos están liberados de culpa o, por lo menos, no figuran en informes de comisiones parlamentarias, aun siendo testigos clave para aclarar esos confusos e intrincados episodios.
Ojalá que los políticos dejaran estos temas en manos de los jueces, mejor si son imparciales y justos, porque su fanatismo ideológico los ciega y no les permite actuar con ecuanimidad.