El comandante de la Utarc declaró ante el fiscal. No recuerda aparecer en foto con Rózsa. Jueces y fiscales cruceños tienen dormido caso Rózsa.
• ACCIÓN EN SANTA CRUZ • Policías custodian los cuerpos de las tres personas abatidas durante el operativo realizado en el hotel Las Américas, de la capital oriental, el 16 de abril.
La Razón
Andrade dice que Rózsa los atacó y por eso lo mataron
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El comandante de la disuelta Utarc declaró en dos oportunidades ante el fiscal. Dijo que los policías mataron a los presuntos terroristas porque éstos atacaron primero. Agregó que no recuerda aparecer en alguna foto con Rózsa.
El ex jefe de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), capitán Wálter Andrade, reconoció ayer ante el fiscal Marcelo Soza que el 16 de abril comandó en Santa Cruz el operativo contra el supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa y justificó la muerte de éste y de dos de sus allegados porque dispararon contra los comandos policiales.
La Razón conoció la información que dio Andrade de una fuente de la investigación que estuvo presente en las declaraciones que se tomaron en la clínica Virgen de Copacabana, donde el capitán está internado desde el 27 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito. El ex jefe policial habló por la mañana y por la tarde con el Ministerio Público.
Según la fuente, el capitán aseguró que en el operativo del 16 de abril, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, “el grupo de terroristas comenzó a lanzar artefactos explosivos y nos dispararon”. Además de Rózsa fallecieron Árpád Magyarosi (rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés).
“Mario Tádic Astorga y Elöt Tóásó fueron las dos únicas personas que no abrieron fuego y fueron capturadas con vida”.
Andrade, según la fuente, dijo que “todo era de conocimiento del comandante general de la Policía (Víctor Hugo Escóbar), quien recibió todos los informes”.
El capitán agregó que sabía que el grupo presuntamente liderado por Rózsa era el autor del atentado que sufrió, el 15 de abril, la casa del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz.
Cuando el fiscal Soza le consultó al capitán cómo supo tan rápido que los responsables del ataque eran miembros del grupo, Andrade respondió que “toda la vida hacemos un seguimiento de información, a cierto nivel, de personas sobre las que se tienen sospechas de que están implicadas con la seguridad del Estado”.
Sobre la fotografía en la que aparece junto a Rózsa e Ignacio Villa Varga, alias El Viejo, el jefe de la desaparecida Utarc no respondió directamente en la mañana, pero por la tarde dijo que necesitaba la instantánea original para dar una respuesta sobre el tema, aunque no recordaba ninguna imagen de este tipo.
El 22 de septiembre, este medio publicó una foto en la que se ve al capitán Andrade sentado en unas sillas plásticas blancas vestido con polera y una bermuda blanca. Junto a él están Rózsa Flores y Villa Vargas.
Inicialmente, el Gobierno y la Fiscalía minimizaron la imagen. Soza desafió a quien envió la foto a La Razón a presentarse con la original y declarar ante la Fiscalía.
El 24 de septiembre, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo a los medios que era necesario investigar si la fotografía era verídica o era un montaje.
La fuente a la que tuvo acceso La Razón señaló que se presume que Andrade “estaba en contacto previo con el grupo de Rózsa y Villa”, como policía infiltrado.
Al término de las dos declaraciones, el fiscal Soza salió de la clínica y no hizo ningún comentario. En la mañana indicó que los medios de comunicación tergiversan sus declaraciones.
Mario Montero, director de la clínica, sostuvo que Andrade evoluciona favorablemente, pero no puede dejar el hospital para hablar ante la comisión de Diputados que indaga el caso y que supuestamente hoy le tomará las declaraciones.
Antecedentes
Infiltrados • Un “soplón” y un “infiltrado” posibilitaron la desarticulación del grupo Rózsa tras cinco meses de seguimiento y vigilancia, según la Fiscalía.
Toma • La Utarc realizó el operativo con 25 efectivos tras recibir la orden del funcionario del Ministerio de Gobierno, Luis Nolberto Clavijo
Pruebas • En la agenda de Rózsa que fue encontrada en el hotel Las Américas se halló impreso un plan de acción fechado en noviembre del 2008.
Es investigado internamente
El ex jefe de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), capitán Wálter Andrade Sanjinés, está a disposición del Comando General de la Policía, mientras es sometido a un proceso interno de investigación en la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía (DNRP) por conducir en estado de ebriedad.
Una fuente del Comando General de la Policía explicó que “Andrade se replegó a la Dirección Nacional de Inteligencia y es investigado en la DNRP. No fue dado de baja”.
El domingo 27 de septiembre, el capitán, en compañía del subteniente Gary López Martínez, chocó un vehículo contra un poste. Ambos uniformados fueron internados en la clínica policial Virgen de Copacabana.
El comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escóbar, informó ayer que el capitán Andrade fue puesto a disposición de la comisión especial de Diputados y del Ministerio Público que investigan las actividades del presunto grupo terrorista supuestamente liderado por Eduardo Rózsa Flores, según la agencia ANF.
Fiscal solicita prueba balística
El fiscal Carlos Fiorilo solicitó que la próxima semana se realice una prueba pericial de balística al vehículo en el que iba un grupo de periodistas de Unitel y que fue baleado el 3 de septiembre por policías de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) durante el operativo de detención del ganadero Nelson Vaca, en Santa Cruz.
El representante del Ministerio Público solicitó al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Alberto Aracena, que la prueba la realicen el coronel Jorge Toro, perito en balística, y el policía Juan Gabriel Arce, técnico planimetrista en balística.
Según la denuncia de Unitel, un grupo de la Utarc comandado por el capitán Wálter Andrade atacó a balazos a un equipo de prensa, destruyó la cámara filmadora y se llevó la grabación de la detención de Vaca.
El 21 de septiembre, Andrade se presentó a declarar voluntariamente a la Fiscalía y señaló que los policías fueron atacados durante el operativo realizado el 3 de septiembre.
Jueces y fiscales cruceños tienen dormido caso Rózsa
Cívicos cruceños pidieron al Fiscal de Distrito que inicien las convocatorias sobre lo que ocurrió en el hotel Las Américas. La defensa de Marinkovic y los dos ex unionistas identificaron presión del Gobierno para cerrar el caso en Santa Cruz.
Fotografia: PEDIDO • Los cívicos, vecinos, jóvenes y unionistas llegaron hasta la Fiscalía para pedir el cambio del fiscal.
El Día, Martes, 6 de Octubre, 2009
Un grupo de vecinos, unionistas, jóvenes y cívicos provinciales llegaron ayer hasta la Fiscalía de Distrito pidiendo que las investigaciones en el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz se aceleren y empiecen las convocatorias a declarar en procura de encontrar a los responsables de lo sucedido en el hotel Las Américas. Culparon del retraso y el posible cierre del caso al fiscal Óscar Flores y a los jueces cruceños por no haber actuado oportunamente y no iniciar las acciones legales.
“Por supuesto que hay presión, la que hace el señor (Luis Nolberto) Clavijo en el Palacio de Justicia contra un juez, hay presión, está la mano del Gobierno metida aquí y el fiscal (Óscar) Flores tiene que llamar a declarar. El pueblo cruceño necesita que el caso se esclarezca”, dijo el presidente de los Comités Cívicos Provinciales, Luis Alberto Áñez, al salir de una reunión con el fiscal del distrito, Jaime Soliz, en la que solicitó que cambie al fiscal Flores por no haber avanzado en las investigaciones respetando la jurisdicción. Señaló que el juez que conoció la causa hasta la semana pasada, Zenón Rodríguez, fue presionado para emitir una conminatoria de acusación.
El pasado 25 de septiembre el juez cruceño Zenón Rodríguez emitió una conminatoria para que el fiscal Flores, que investiga el presunto terrorismo, acuse o rechace la denuncia por el atentado dinamitero en la casa de Saúl Ávalos, dejando abierta la posibilidad que se cierre el caso en Santa Cruz porque no se convocó a nadie a declarar.
El cívico dijo que la intención del Gobierno es que el caso sobre terrorismo continúe en La Paz, luego que el conflicto de competencias se habría resuelto favorable a los juzgados cruceños. Sin embargo, el fiscal paceño Marcelo Soza, que inició las investigaciones también en el caso, pero desde la sede de Gobierno, continúa tomando declaraciones.
“Hemos podido constatar que el propio juez (Zenón Rodríguez) ha sido presionado con el único fin de llevarse el caso a La Paz por eso lo hemos recusado el sábado al juez y estamos queriendo recusar al fiscal por negligente, porque no ha investigado nada, no ha hecho nada, no ha llamado a nadie, más bien se están sometiendo a lo que diga (Marcelo) Soza y eso es lamentable y hemos visto una parcialidad”, dijo el abogado, Luis Orlando Reyes, representante de los dos ex unionistas implicados en el caso, David Sejas y Alfredo Saucedo, señalando que los expedientes ya fueron trasladados a un juzgado de la Villa Primero de Mayo. Añadió que el fiscal Flores pudo haber solicitado la ampliación del tiempo para continuar con las investigaciones, pero que no lo solicitó, por tanto hoy presentará una recusación también en contra del fiscal Flores por no haber avanzado en las investigaciones.
El abogado del ex cívico Branko Marinkovic, David Peralta, señaló que tiene conocimiento que el fiscal Flores ya habría rechazado la denuncia del atentado en la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos y cerrado el caso, aunque explicó que aún no han sido notificados oficialmente y adelantó que impugnarán la decisión explicando que el fiscal Flores no tomó en cuenta la acumulación dispuesta por el juez Tapia Pachi, que conoció primero la causa y unió las investigaciones de los atentados a la vivienda de Saúl Ávalos, el Cardenal y el del hotel Las Américas.
‘El juez se salió de sus atribuciones’
El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, explicó a El Día que el juez Zenón Rodríguez, que conocía el caso sobre presunto terrorismo y emitió la conminatoria al fiscal Óscar Flores, se salió de sus atribuciones porque en vez de dejar que siga la investigación ordenó presentar la imputación, conociendo que por los problemas de conflicto de competencias no se avanzó. “No es el problema del fiscal, el problema es más del juez, el juez no tenía por qué habernos conminado, ordenando y diciendo que tiene 5 días terminales y perentorios para presentar imputación”, dijo el fiscal Soliz detectando que el juez tiene una doble actuación porque primero sostuvo que pediría al fiscal Marcelo Soza que venga a Santa Cruz y luego envía la conminatoria.
El abogado de Saúl Ávalos, Abraham Quiroga, dijo que debe investigarse sin importar el lugar que sea asignado.
Recursos
Simulación del delito • El candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa, denunció ante la Fiscalía de Santa Cruz simulación del delito por el supuesto caso de terrorismo.
Recusaciones • Tres jueces en Santa Cruz han sido recusados por el caso de supuesto terrorismo. El juez Tapia Pachi, Mirian Durán y Zenón Rodríguez para que dejen de conocer el caso.
Punto de vista
‘Debió pedir ampliación’
Edwin Rojas
Pdte. del Colegio de Abogados
Aquí lo que ha ocurrido es que las dilataciones se han dado por la falta de respetar la jurisdicción territorial de Santa Cruz. Las principales causas de demora es debida al Ministerio Publico porque debió ampliar el plazo con la finalidad de continuar con el procedimiento y buscar llevar a juicio oral el tema a una acusación.
Sin embargo, el Ministerio Público es uno solo y los antecedentes con los que ha recabado el fiscal Marcelo Soza debieran ser remitidos al fiscal (Óscar) Flores o en su caso el Fiscal General (Mario Uribe) podría establecer de que sea alguna comisión de fiscales que lleve adelante, podría estar Flores, como hacen otros casos y Soza y un tercer fiscal.
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal cuando se juzga una investigación por parte del Ministerio Público, primero se hace la investigación para luego de seis meses hacer la imputación, pero en un caso tan grave como el llamado terrorismo es responsabilidad del Ministerio Público haber actuado con diligencia y evitar la impunidad.