Sobre la participación del jurista, indicó que fue quien presentó la demanda contra la magistrada Coaquira. «Lo llamativo es que cambió su domicilio en el Segip, señalando que residía en Coroico, cuando en realidad siempre tuvo domicilio en la vivienda allanada en Achumani. Esto demuestra dolo y una planificación deliberada para la presentación de esta acción».
eju.tv / Video: BTV
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, allanó una vivienda en la zona de Achumani, en la ciudad de La Paz, perteneciente a Óscar Antonio De La Fuente Amelunge, uno de los presuntos implicados en el denominado caso consorcio. La intervención se realizó en el marco de una orden de aprehensión vigente contra el investigado; sin embargo, el inmueble fue encontrado completamente abandonado y los vecinos afirman que salió del país.
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“El objetivo principal era ejecutar la orden de aprehensión que pesa en su contra. Sin embargo, lamentablemente se evidenció que el domicilio ya había sido abandonado hace bastante tiempo. La vivienda se encuentra en estado ruinoso, sin mobiliario, y, según información proporcionada por vecinos, el señor La fuente habría salido del país”, informó el fiscal anticorrupción, Jhoan Muñoz.
De La Fuente es identificado como el denunciante que inició una acción legal contra la magistrada Fanny Coaquira, en un proceso que actualmente es objeto de investigación por parte de la Unidad de Corrupción del Ministerio Público. Según la Fiscalía, el implicado habría cambiado su domicilio en el Segip al municipio de Coroico, en La Paz, hecho que permitió presentar la denuncia en juzgados de esa región, lo que genera sospechas de dolo y planificación.
“El señor De La Fuente se mantiene en la clandestinidad desde el inicio del proceso. Estamos solicitando informes a Migración para establecer si su salida del país fue legal y hacia qué destino se dirigió. También tenemos indicios de que podría encontrarse en la ciudad de Tarija, pero esta información debe ser corroborada dentro del marco legal y con el debido procedimiento», indicó el fiscal asignado al caso.
Sobre la participación del jurista, indicó que fue quien presentó la demanda contra la magistrada Coaquira. «Lo llamativo es que cambió su domicilio en el Segip, señalando que residía en Coroico, cuando en realidad siempre tuvo domicilio en la vivienda allanada en Achumani. Esto demuestra dolo y una planificación deliberada para la presentación de esta acción».
El caso consorcio involucra a al menos ocho personas y sigue en etapa de investigación. La Fiscalía anunció que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.