El Ejecutivo rechazó la sugerencia. La institucionalidad del Órgano Judicial boliviano será restituida en los primeros meses del año 2011, una vez que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe las leyes marco para cada uno de los órganos judiciales.
El viceministro Sacha Llorenti durante su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el lunes pasado. – Abi Agencia
Los Tiempos, La Prensa y Agencias.
La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó al gobierno de Evo Morales recomponer el Poder Judicial en el país, avanzar en el nombramiento de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Parlamentarios oficialistas rechazaron este pedido y ratificaron que este proceso está previsto en la misma Constitución.
La sugerencia del organismo internacional surgió luego de que el lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchara en una audiencia la versión del Ejecutivo sobre la situación de los derechos humanos en el país y a una misión de senadores opositores que denunció la vulneración de estos principios por la actual administración gubernamental.
La institucionalidad del Órgano Judicial boliviano será restituida en los primeros meses del año 2011, una vez que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe las leyes marco para cada uno de los órganos judiciales y se convoque a sufragio universal para la elección de los nuevos magistrados.
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El diputado oficialista Jorge Silva manifestó que el nombramiento de nuevas autoridades del Poder Judicial se lo hará en el marco de la nueva Constitución Política, que establece que los magistrados y miembros del Órgano Judicial Plurinacional serán elegidos por voto directo.
Según Silva, en 2010 comenzará el proceso de institucionalización judicial, y su colega senador Félix Rojas precisó que de acuerdo con la ruta crítica trazada en la aplicación de la Carta Magna, el Órgano Judicial estará completamente restaurado en “dos años”, es decir, en 2011.
El Tribunal Constitucional sólo existe como institución y no tiene ni un solo magistrado, mientras que la Corte Suprema de Justicia funciona con un quórum mínimo de siete ministros y su presidente, Eddy Fernández, tiene un juicio en el Congreso por supuesta retardación de justicia en el caso “Octubre Negro”.
Una vez instalada la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, según la Constitución, los parlamentarios elegidos el 6 de diciembre tendrán un plazo de 180 días para elaborar y aprobar la Ley de Organización del Órgano Judicial Plurinacional.
A partir de esa fecha se iniciará el proceso de selección y elección por “voto directo” de quienes serán los miembros del Tribunal Supremo Plurinacional, hoy Corte Suprema de Justicia, y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
De acuerdo con el senador Rojas, “ese instrumento jurídico es el que va a permitir el remozamiento y el cambio total del que ahora es el poder perjudicial” (sic).
La segunda disposición transitoria de la CPE indica que una vez instalada la Asamblea Legislativa, ésta tendrá un plazo máximo de 180 días para sancionar cinco leyes: del Órgano Judicial, del Órgano Electoral, de Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional, y Marco de Autonomías y Descentralización.
Presencia de la CIDH
El Gobierno considera que no es necesario formalizar una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para que llegue una misión de ese organismo al país para verificar la situación de los derechos humanos y las denuncias que la comisión de parlamentarios opositores efectuó ante esa comisión.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, que representó al Estado boliviano, invitó a la CIDH a visitar el país para verificar las denuncias, aunque esta entidad pidió que se formalice la invitación.
Al respecto, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, afirmó ayer que “las puertas están abiertas para todos los defensores de derechos humanos, de manera que ni siquiera hay necesidad de invitarlos a que investiguen”.
“Nos interesa que en algunos casos hay un excesivo racismo en contra de los hermanos campesinos", dijo el vocero.
Manifestó que quien llegue a Bolivia debe investigar cómo vive la gente discriminada en algunos sectores de la sociedad y que se investigue el tema de la célula de terroristas que se articuló en el país hasta abril de este año, entre algunos hechos.