El Gobierno, en su segunda gestión, está ante la responsabilidad de erradicar la preocupación generalizada por el avance de los cultivos de hoja de coca, así como debe eliminar el terror global que supone la presencia y acción de mafias narcotraficantes en nuestro país.
Editorial La Razón
Los cultivos de coca se expanden y esto preocupa. El tráfico de cocaína se agranda y aterra. Estas dos caras de una realidad cada vez más angustiante para gobernantes, países vecinos, cooperación internacional, movimientos sociales, poblaciones avasalladas y sociedad en pleno, requiere con urgencia la ejecución de un plan estratégico, integral, sostenible, concertado y decidido que impida que el país quede en la orilla del descontrol institucional y político de un sector social clave y de una escalada de violencia mafiosa que ataca sin escrúpulos todo lo que pueda poner en riesgo el negocio ilícito.
Los datos oficiales, expresados por el Viceministerio de Defensa Social este martes, confirman la significativa expansión de los cultivos ilegales de hoja de coca, que ahora sobrepasan las 30 mil hectáreas cultivadas, al extremo de que han llegado a zonas impensadas: parques nacionales y zonas auríferas, sobre todo en el departamento de La Paz, amén de extensas praderas e inmensos cerros yungueños copados en el último quinquenio por el terraceo y los surcos para la producción de hoja de coca.
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La destrucción cotidiana de factorías de pasta base de cocaína en ciudades y pueblos, en zonas centrales y periféricas, en casas humildes y salones de eventos… muestra la voluntad del Estado por contener el crecimiento del negocio ilícito, pero es insuficiente, a todas luces, para frenarlo y evitar que cobre carta de ciudadanía por la fácil circulación de dinero y, con ello, la generación de oportunidades económicas para quienes ingresan al peligroso circuito delictivo.
La información que transmiten los medios de comunicación, en este tema, es eso: el desbaratamiento de pequeñas fábricas de cocaína que operan con el método colombiano. Lo que no se comunica es el ritmo de erradicación y sus detalles, importantes por cierto, como zonas intervenidas, superficies eliminadas, controles postoperativos y acciones legales contra quienes detentan los sembradíos.
El Gobierno, en su segunda gestión, está ante la responsabilidad de erradicar la preocupación generalizada por el avance de los cultivos de hoja de coca, así como debe eliminar el terror global que supone la presencia y acción de mafias narcotraficantes en nuestro país, amparadas éstas en la vieja lógica de que la producción y distribución de bienes, en este caso de un negocio ilegal y letal, deben permanecer juntas para garantizar réditos inmediatos. La imagen internacional de Bolivia y la confianza de países y organismos extranjeros sobre la política antidrogas, puede comenzar a cambiar y complicar las relaciones bilaterales y multilaterales, si no se pone en marcha el plan de las características mencionadas.
Una señal de lo que pudiera ser un nuevo panorama, respecto de este delicado tema, es la alerta del gobierno de Brasil ante el aumento del tráfico de estupefacientes desde nuestro país. La Policía Federal brasileña estima, según informaciones oficiales, que el 80 por ciento de la cocaína que se consume en esa nación proviene de Bolivia y, si bien, en una primera instancia, se realizarán esfuerzos por encarar una lucha conjunta contra el narcotráfico, en una segunda etapa pueden activarse mecanismos que perjudiquen el comercio, la integración y las relaciones diplomáticas, lo que puede generar una sensación térmica que, se sabe, es difícil de disipar después.