Gobernaciones, cívicos y parlamentarios de Santa Cruz, Beni y Tarija coordinan medidas de hecho y de derecho para anular el artículo 8 del proyecto oficialista. Gobierno pide trasladar polémica ley a Asamblea, donde tiene mayoría.
Santa Cruz: el gobernador Costas (centro), tras su declaración del 8 de abril
Autonomías: Gobernaciones, cívicos y parlamentarios de Santa Cruz, Beni y Tarija coordinan medidas de hecho y de derecho para anular el artículo 8 del proyecto oficialista que postula suspender a gobernadores con acusación formal.
La Prensa. La oposición en Santa Cruz, Beni y Tarija se articula y coordina acciones para emprender una pelea parlamentaria y legal en contra del artículo 8 del proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, en el que propone que los gobernadores que tienen una acusación formal en su contra sean suspendidos de sus cargos temporalmente para ejercer su defensa.
Legisladores, instituciones cívicas y sociales y los gobernadores electos de esos departamentos iniciaron ayer reuniones para definir las acciones que llevarán adelante en contra de la propuesta oficialista; asimismo, decidieron ejecutar medidas conjuntas entre las tres regiones para eliminar ese artículo de la norma.
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Los gobernadores electos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija) son los que podrían afrontar sendas acusaciones formales y eventualmente ser suspendidos de sus cargos, ya que en la actualidad existen investigaciones en curso en su contra por malversación de fondos por la realización de los referendos autonómicos en sus regiones, además de otras denuncias por irregularidades que pudieron haber cometido cuando eran prefectos.
La senadora beniana Jeanine Áñez (PPB-CN) indicó a La Prensa que la brigada parlamentaria de su región se reunió la mañana de ayer con representantes de la Prefectura, la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y otras entidades de la sociedad civil para definir acciones en el Legislativo y en el ámbito legal; incluso adelantó que la delegación “se ha planteado la posibilidad de ingresar en una huelga de hambre y en estado de movilización permanente”.
“Medidas de presión no están descartadas, no puedo adelantarme a decirles, todavía estamos en proceso de articularnos con los otros dos departamentos”.
En la Asamblea Legislativa, agregó, se buscará demostrar que el Gobierno actúa de manera anticonstitucional y, en lo legal, se recurrirá a amparos constitucionales y todo lo que la ley “nos franquee”.
Mauricio Paz, vocero de Primero el Beni, frente de lidera Ernesto Suárez, manifestó que en primera instancia se coordinó con la brigada beniana “para que sea esa instancia la que lleve la voz oficial del departamento” y más adelante, añadió, se definirán las medidas legales.
La vocera de Camino al Cambio, que postuló a Cossío a la Gobernación, Sara Cuevas, dijo que hoy a las 11.00 se reunirán con abogados y constitucionalistas para evaluar la intención del Gobierno y definir qué acciones corresponde tomar.
Como primera medida, dijo, se convocará a la brigada parlamentaria de ese departamento para que haga una representación en el Asamblea y exprese el rechazo de la región al artículo 8. Agregó que se remitió el proyecto a todas las instituciones de esa región para que conozcan el artículo en cuestión, que “no tiene nada que ver con el objeto de la ley, que es el definir la transición a las gobernaciones”.
La senadora tarijeña María Elena Méndez manifestó que la brigada parlamentaria tiene prevista una reunión el lunes con todas las instituciones de Tarija para evaluar y definir cómo se hará frente a la intención del Gobierno. Señaló que se impulsarán acciones legales y “se articulará” una lucha conjunta de la tres regiones. Para ello, ya se entablaron contactos con senadores de Santa Cruz, entre ellos Germán Antelo, y también del Beni.
En Santa Cruz, las autoridades departamentales electas se reunieron ayer durante varias horas a puerta cerrada en la Prefectura con legisladores y representantes de instituciones para tomar decisiones. El encuentro continuará hoy.
La senadora cruceña Centa Rek, de PPB-CN, dijo que se emprenderán medidas conjuntas entre todas las instituciones y anunció la presentación de amparos constitucionales y denuncias formales ante organismos internacionales.
La acusación no es imputación
La acusación formal a la que se refiere el artículo 8 de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Departamentales es la instancia procesal previa al inicio de un juicio oral.
El presidente de la Asociación de Fiscales de Bolivia, Milton Mendoza, explicó que la acusación formal es la última instancia de un proceso de investigación que se inicia a denuncia formulada ante la instancia jurisdiccional.
De acuerdo con la explicación del Fiscal, los gobernadores electos de Santa Cruz, Rubén Costas; del Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, afrontan denuncias en su contra y no acusaciones formales, por tanto no pueden ser suspendidos de sus cargos. Aclaró también que la imputación es una fase previa a la acusación.
Legisladores anuncian amparos y denuncias internacionales.
Rubén Costas
Gobernador electo
Santa Cruz
Afronta una denuncia interpuesta por la Contraloría General del Estado por la supuesta malversación de más de diez millones de bolivianos para la realización del referéndum autonómico del 4 de mayo de 2008. También es investigado por la supuesta emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica, entre otros.
Ernesto Suárez
Gobernador electo
Beni
La Contraloría General del Estado también interpuso un denuncia formal en su contra ante la Fiscalía de Distrito por el delito de malversación de fondos prefecturales para la realización del referéndum autonómico realizado en esa región el 1 de julio de 2008. Afronta, además, otra denuncia por la adquisición de un equipo electrógeno en su anterior gestión.
Mario Cossío
Gobernador electo
Tarija
Además de la denuncia por supuesta malversación de más de cinco millones de bolivianos para llevar adelante la consulta autonómica en esa región en 2008, el ex Prefecto enfrenta ocho procesos penales abiertos a denuncia del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; dos de éstos ya tienen una imputación formal.
El Gobierno pide resolver polémica ley en Asamblea
Carlos Romero, ministro de Autonomías. – Foto | Los Tiempos Los Tiempos
Los Tiempos. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, ratificó ayer el texto del artículo 8 de la Ley de Transición para el funcionamiento de los gobiernos autónomos departamentales y manifestó que si los gobernadores electos de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija creen que ese artículo les afecta, “ellos tienen su representación en la Asamblea Legislativa donde pueden hacer una reformulación más precisa. Ahí es donde puede discutirse”.
La oposición en el Legislativo denunció el viernes pasado que el Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de Ley de Transición, que en su artículo 8 incluye la posibilidad de que un gobernador sea suspendido del cargo si sobre dicha autoridad existe una acusación formal penal.
La posibilidad de que ese artículo sea aprobado en el Legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría, alertó a los opositores, quienes advirtieron una clara señal de persecución a los tres gobernadores electos opositores, Rubén Costas en Santa Cruz, Ernesto Suárez en Beni y Mario Cossío en Tarija, quienes enfrentan actualmente denuncias por presunta malversación de recursos de las prefecturas en la realización de los referendos para aprobar los estatutos autonómicos.
Ante estos reclamos, el ministro Romero manifestó que los tres gobernadores electos no tienen porque temer o sentir susceptibilidades frente a la aplicación del artículo 8, porque según conoce, sobre ninguno existe una acusación formal, sino solo denuncias, por lo que no podrían ser inhabilitados para desempeñar el cargo de acuerdo a la ley de transición. “Ellos tienen denuncias, no tienen una imputación formal. Eso es lo que conozco”, sostuvo Romero en una entrevista con La Prensa.
“La denuncia se procesa en el ámbito del Ministerio Público, se hacen las investigaciones y si se establecen que hay pruebas recién se procede a la acusación formal y tiene que ser aceptada por la autoridad jurisdiccional”, agregó Romero.
De acuerdo con la autoridad, la propuesta legal que el Ejecutivo es para cubrir los vacios legales y viabilizar el traspaso de un régimen prefectural a uno autonómico a partir del 30 de mayo y negó que ese artículo vulnere la Constitución Política como denunció la oposición que viola el artículo 28 de la Carta Magna.
“La Ley de Transición busca subsanar vacios jurídicos. Un vacío jurídico es (por ejemplo) qué se hace cuando un gobernador cualquiera, sea oficialista u opositor, está en una situación de imputación formal; entonces lo que hay que hacer es establecer por analogía el procedimiento que se aplica para los alcaldes, que dice que en caso de haber una imputación ejecutoriada tiene que ser suspendido temporalmente para asumir su defensa legal ante la instancia jurisdiccional”, sostuvo Romero.
Agregó que se debe aclarar que la imputación ejecutoriada está respaldada en una prueba preconstituida, en ese caso, “una vez que asuma su defensa legal si es inocente reasume sus funciones, si es culpable ya incurriría en una causal de suspensión definitiva. Eso es lo que se ha previsto”.
GOpositores se movilizan contra ley transitoria
Autonomías. Autoridades electas y en ejercicio se reunieron anoche en la Prefectura. Existen críticas y reacciones de diferentes sectores de la oposición y de los juristas al proyecto 
Discusión. Las autoridades cruceñas se reunieron anoche para conocer el contenido y debatir el proyecto de ley
El Deber. Alicia Bress Perrogón
Autoridades electas y en ejercicio, diputados, senadores, asambleístas y representantes del Comité Cívico se reunieron anoche para analizar el proyecto de ley transitoria de autonomías, luego de que el ministro Carlos Romero asegurara que el Ejecutivo no introducirá cambios al artículo ocho, sino que lo pasará a manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y será esa instancia la que determine si debe o no ser modificado.
La reunión, que fue a puerta cerrada, se llevó a cabo en el edificio de la Prefectura y se prolongó por varias horas. El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores Reus, indicó que el motivo de la misma fue para analizar el contenido de la ley corta para que la institucionalidad tenga un verdadero conocimiento de lo que se trata la norma. El debate proseguirá hoy.
El artículo en cuestión señala que el gobernador podrá ser suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre él una acusación formal en materia penal, emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio del mandato.
“En todo caso, si el proyecto de ley necesita ser replanteado, será la Asamblea Legislativa Plurinacional la que tendrá la posibilidad de hacer cambios para clarificarla y mejorarla”, insistió el ministro de Autonomías, Carlos Romero. Según él, los reclamos de algunos sectores opositores es producto de la susceptibilidad ya que la propuesta puede afectar a cualquiera de los nueve gobernadores, en caso de que tengan una imputación formal.
Sin embargo, afirmó que los gobernadores electos de Santa Cruz, Beni y Tarija no serán suspendidos porque no hay una imputación en su contra.
Empero Flores resaltó que el proyecto no será consensuado con la oposición en la Asamblea, porque el Gobierno tiene mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y siempre la aplican, aunque sostuvo que tratarán de llegar a un acuerdo para que se modifique el artículo ocho.
“El oficialismo nunca consensua las leyes que vienen del Ejecutivo, se limita a aprobarlas sin cambiarle ni una coma. Este proyecto pretende impedir la posesión de las autoridades electas el 4 de abril, para tomar las alcaldías y gobernaciones opositoras. Ahora le corresponde al pueblo defender su voto, su voluntad soberana y a sus autoridades”, recalcó.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Erwin Rojas, y el titular de dicho ente en La Paz,
Bernardo Wayar, coincidieron en señalar, por separado, que los artículos 8 y 9 del proyecto de ley son inconstitucionales, puesto que la Constitución Política establece que sólo se pueden suspender los derechos políticos de las autoridades cuando existe sentencia ejecutoriada.
Por su parte, el diputado Javier Leigue, de PPB-CN, precisó que con este nuevo proyecto de ley el Gobierno demuestra una vez más que no tiene la intención de respetar la votación del 4 de abril, lo que considera un abuso y un absurdo, ya que ninguna ley debe ir en contra del voto popular. “Pretenden amedrentar y perseguir a la oposición”, aseguró.
No obstante, Romero indicó que no existe ninguna persecución política ni hay chantaje, sino que la ley transitoria tiene como objetivo principal subsanar vacíos jurídicos que necesiten resolverse durante el proceso de transición.
Uno de estos vacíos, prosiguió el ministro, es ver qué pasa en caso de que por alguna razón de orden jurisdiccional un gobernador quede temporalmente suspendido en el ejercicio de sus funciones.
En criterio del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reymi Ferreira, existe una intencionalidad premeditada del Gobierno de dejar en el camino, incluso sin posesionarse, a algunas autoridades electas por mayoría y que son opositoras al Gobierno. Añadió que ese proyecto viola un principio constitucional y un tratado internacional, como es la presunción de inocencia.
La diputada masista Betty Tejada defendió la ley transitoria, al afirmar que el objetivo de la misma es favorecer a los gobiernos autónomos. “El proyecto es amplio y no me parece que sólo se analice uno o dos artículos, enfocándose a un posible problema con uno o dos gobernadores. Eso es parcializado. De todas formas, no conozco en detalle el proyecto, dado que esta ley se va a tratar en grande este lunes (mañana) en el Senado”, remarcó.
Finalmente, la diputada Adriana Gil dijo que las autoridades departamentales no deben resignarse, sino defender y hacer reconocer el estatuto autonómico que obtuvo el 86% de respaldo de la ciudadanía.
Las contradicciones
– Artículo 8 de la ley transitoria de autonomías. Suspensión de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo departamental. El gobernador podrá ser suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él una acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o duración del ejercicio de su mandato.
– Artículo 28 de la Nueva Constitución Política del Estado. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos: previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida.
1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra.
2. Por defraudación de recursos públicos.
3. Por traición a la patria.
El proyecto contraviene a la CPE
Erwin Rojas Tordoya / Pres. Colegio Nal. Abogados
Los artículos 8 y 9 del proyecto de ley transitoria de autonomías, son contradictorios a la nueva Constitución Política del Estado, que señala claramente que sólo se pueden suspender los derechos políticos de las autoridades cuando existe una sentencia ejecutoriada, por lo tanto se puede decir que esas normas son inconstitucionales.
Lastimosamente, cuando se aprueba un proyecto de ley, pese a las dudas, se están vulnerando los derechos y la única estructura jurídica para frenar esta situación es el Tribunal Constitucional, al que le compete legislar para dejar sin efecto dichas normas. Sin embargo, en este momento no se puede recurrir a esa instancia, dado que ha sido posesionado un tribunal que sólo es liquidador y que está impedido de recibir y conocer nuevas causas penales. Lamentablemente, las autoridades están impedidas de hacer defender sus derechos. Lo que queda es exigir que el Tribunal Constitucional entre en funciones plenas, porque sólo con magistrados imparciales se pueden evitar ciertas arbitrariedades.
Proyecto de ley plantea desaparición de notarios
Reforma: Un miembro de la oposición señala que un millar de esos funcionarios públicos cesarían en funciones.
Recinto: una notaría de registro civil, en la ciudad de Cochabamba
La Prensa. El proyecto de Ley del Órgano Judicial propuesto por el oficialismo en la Asamblea Legislativa propone crear el Servicio Nacional de Registro Público, que derivará en la desaparición de los notarios de fe pública.
El jefe de bancada del opositor PPB-Convergencia Nacional en la Cámara de Diputados, Mauricio Muñoz, dijo que, en caso de ser aprobada sin modificación, esta propuesta dejará en la calle a un millar de notarios, quienes deberán entregar los libros y documentos legales que poseen al nuevo Servicio de Registro.
“Esto está en fase de audiencias públicas, pero todos saben que, si es orden del Presidente (Evo Morales), el rodillo del MAS funcionará una vez más y aprobará esta ley sin modificación”.
El diputado opositor, según reportó la agencia ANF, manifestó que el Gobierno y el MAS consideran que la mayoría de los notarios accedieron a esas funciones por ser militantes y allegados al MNR, ADN, MIR, NFR y UCS, partidos que poseyeron el poder político en el pasado.
Los legisladores oficialistas consideran que existen casos denunciados en el Ministerio Público en torno a que algunos notarios protocolizaron documentos públicos con vicios de ilegalidad, por lo que creen que es necesario una purga general.
La Ley del Notariado dicta que los notarios son funcionarios públicos instituidos para autorizar todos los actos y contratos a los que las partes quieran dar el carácter de autenticidad con sujeción a las prescripciones de la ley.
La diputada Norma Piérola opinó que el proyecto de masismo presenta profundas falencias porque solamente declara a todos los notarios en transición, sin indicar la alternativa, por lo que advirtió que sería muy grave el poner a los notarios en calidad de funcionarios dependientes del Órgano Judicial.
La legisladora señaló a esa agencia de noticias que los notarios hicieron conocer su preocupación porque siguen dependiendo de la designación de las cortes superiores a través de una instructiva del Consejo de la Judicatura.
La Asociación de Notarios de Bolivia presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta para que sus afiliados dependan del Consejo de la Magistratura y se queden en sus cargos indefinidamente.
La Asociación de Notarios presentó una propuesta al Legislativo.
Se viene otra lucha de regiones y Gobierno por las autonomías
Cuatro departamentos pugnarán con el Gobierno para lograr el reconocimiento de las mayores competencias y recursos. Hay un proyecto de Ley Corta que busca inhabilitar a gobernadores electos con procesos. Se activó la alerta.
El Día. La adecuación de los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija con la nueva Constitución, para lograr un mayor número de competencias y entrega de recursos, advierte que se viene una nueva pelea entre las regiones y el Gobierno por el respeto a las autonomías; sin embargo, la alerta ya se activó con el proyecto de Ley de Transición de los Gobiernos Departamentales, con la que el MAS pretende “tumbar” a las autoridades electas que están enjuiciadas y entregar autonomía sin necesidad de las cartas departamentales.
“Todo va depender del grado de movilización que se tenga porque si solamente se habla por hablar de manera pública y no se inicia un proceso de movilización de la ciudadanía para conseguir estos objetivos, quedará en palabras nada más”, señaló el senador cruceño de Convergencia, Germán Antelo explicando que el proceso aún será más largo pero que aquellos que asuman la defensa de los estatutos deben hacer no sólo un proceso legal sino también una movilización.
Añadió que la “Ley Corta”, como llaman al proyecto del Gobierno, debe ser una norma que facilite las transferencias de recursos para la transición de los Gobiernos Departamentales y Asambleas de forma consensuada y sin que se toquen las competencias legislativas en cada región.
Sin embargo, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, explicó que no necesitaban consensuar esta Ley Corta con las autoridades electas porque era la aplicación de las autonomías inclusive sin necesidad de estatutos.
Ante esto, la presidenta de la comisión de Autonomías de la Brigada Parlamentaria Cruceña, María Elva Pinckert denunció un intento de “manosear” la cualidad legislativa de las Asambleas Departamentales, por tanto pidió a la población estar alerta ante la búsqueda de quitar las competencias y recursos a las regiones que lucharon desde el 2004 por un referéndum por las autonomías departamentales y luego por un referéndum por los estatutos. Adelantó que desde mañana se conformarán los Comités internos para trabajar en la compatibilización de los Estatutos y la nueva Constitución.
Para el vocero de Verdes, agrupación del gobernador electo en Santa Cruz, Óscar Urenda, se viene una lucha de poderes entre el oficialismo y opositores, señalando que ésta se debe ejercer con una presión política y con debates no sólo en la Asamblea Legislativa, donde se aprobará esta Ley Marco de Autonomía, sino también las Asambleas Departamentales donde trabajarán en la adecuación de los Estatutos.
Días pasados el ideólogo de las Autonomías, Juan Carlos Urenda, que fue asesor de la Prefectura pero que se alejó de Rubén Costas, sostuvo que poco han avanzado en la aplicación de los Estatutos y que mientras no haya también una modificación a la nueva Constitución no será posible aplicar la carta departamental, aprobada con un 85.6% el 4 de mayo del 2008.
El secretario general de la Prefectura, Vladimir Peña, explicó que el Gobierno muestra su falta de seriedad y compromiso con las autonomías con la Ley Corta, que utilizó como bandera en su campaña política en las elecciones de diciembre de 2009.
“Demuestra que siempre han tenido un falso discurso, ellos dijeron que la Constitución garantizaba el ejercicio pleno de la autonomía, uno de sus motivos de campaña electoral, pero vuelven a demostrar lo que nunca dejaron de ser, personas centralizadas al poder”, dijo Peña, explicando que se necesita que se mantenga el reconocimiento de los Estatutos y luchar por las competencias y la distribución de recursos, no sólo que entreguen los que ya están vigentes en el departamento sino que devuelvan aquellos recortes económicos que hicieron.
Para la diputada del MAS, Betty Tejada, presidenta de la comisión de Autonomía y Territorio en la Cámara Baja, sólo se buscará el respeto del artículo 271 que establece que la Ley Marco de Autonomía normará la transferencia y la delegación de competencias.
Las propuestas para la ley marco de autonomía
Nuevo Poder Ciudadano
El senador Germán Antelo explicó que se necesita una verdadera descentralización del poder económico y político a los departamentos y municipios. Añadió que los asambleístas, concejales y pueblos indígenas deben tener la capacidad de autogobernarse como establece la nueva Constitución pero al mismo tiempo que tenga manejo económico de acuerdo a los criterios propios de la región.
BRIGADA PARLAMENTARIA
El proyecto de Ley que están trabajando desde la Brigada establece un respeto a la cualidad legislativa, que está reconocida en la nueva Constitución para los gobiernos departamentales o entidades territoriales. Exigen que la pirámide de la Constitución donde primero están las leyes, luego los tratados y de ahí las leyes nacionales, departamentales y municipales en el mismo rango se mantenga.
Prefectura
La Ley Marco de Autonomía debe ratificar que los estatutos están vigentes y que ya está reconocida en la nueva Constitución.
Analizar las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno Departamental y las demás instituciones.
Tener un consenso en las competencias ya que la CPE establece 36 y los Estatutos 43. Además de normar la distribución de los recursos.
EL MAS
Sostuvo que el proyecto de Ley Marco de Autonomía, apoyándose en el artículo 271 de la nueva Constitución, donde establece que tendrá la organización territorial y autónoma, para regular la elaboración de los estatutos en las regiones que no tienen y compatibilización en aquellas que ya tienen. Definirá las competencias compartidas, concurrentes y exclusivas. Las mismas que deben aprobarse por dos tercios.
Otros hechos
El Gobierno espera que dentro de 15 días ya tengan los proyectos analizados de la Ley del Órgano Electoral y Ley del Órgano Judicial, El proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización se dilata hasta finales de mayo y principios de junio. Todas las leyes deben aprobarse hasta el 22 de junio según la CPE.
Los indígenas protestan.
La Cidob empezará una marcha este 22 de mayo en busca del respeto a las autonomías indígenas y la descentralización.
Mientras que la Asamblea de Pueblos Indígenas anunció para mañana un bloqueo de las carreteras a Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija para que el Gobierno atienda sus demandas de autonomía.