Fiscalía imputa y pide seis meses de detención para dos gerentes de YPFB por el caso de la gasolina de mala calidad

El gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Alfredo Cuéllar, fue el primer capturado y enviado a la cárcel por este caso

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La Fiscalía solicitará seis meses de detención preventiva para el gerente comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Alejandro Mendoza, y para el gerente de YPFB Logística, Eddy Torrico, por la presunta compra y comercialización de gasolina desestabilizada o de mala calidad que provocó fallas mecánicas en miles de vehículos.

Ambos ejecutivos fueron aprehendidos en el marco de una investigación que busca establecer responsabilidades e identificar a los autores de la importación y distribución de este carburante. Por este mismo caso, ya se encuentra recluido con detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, el gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Alfredo Cuéllar.

Torrico y Mendoza fueron capturados el lunes y, luego de prestar sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público, resultaron imputados formalmente, por lo que permanecen en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El fiscal del caso David Torrez informó que los aprehendidos son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

«La Fiscalía solicitará que Torrico cumpla la detención preventiva en el centro penitenciario de Palmasola, mientras que para Mendoza se pedirá la reclusión en el penal de San Pedro, en La Paz», explicó.

El proceso penal es impulsado por la diputada de oposición Lissa Claros (Alianza Libre) y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La distribución del combustible en mal estado provocó serios daños en los motores de miles de motorizados. Tras haber negado sistemáticamente la importación de este carburante, el gobierno del presidente Rodrigo Paz terminó por aceptar la situación y activó un seguro para resarcir los daños económicos de los propietarios afectados.