Se vende coca como pan o como cualquier producto agrícola, significa que en la actual gestión gubernamental hay un libre albedrío para la comercialización de la hoja de coca, dejando en el pasado la obligatoria fiscalización del Estado, normada por la ley 1008, su decreto reglamentario 22099 y el tratado internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961.

Esto, sin duda, agrava y entorpece la lucha contra el narcotráfico, ya moribunda por el increíble aumento de cultivos de coca en nuestro país, Bolivia.

 Luego de los hechos suscitados por la confrontación existente entre los comerciantes detallistas de hoja de coca y el gobierno nacional podemos separar en tres partes el análisis de lo ocurrido:

Político - Social.

Se ha advertido que el gobierno de Evo Morales es juez y parte de la problemática antidroga. En este caso favorece a sus compañeros del Mas: los productores de coca, en desmedro de sus menos amigos. Además del favorecimiento que conlleva el aumento de cultivo ilegal de coca, ahora les da la potestad de que puedan obtener las ganancias de la comercialización dejando a seis mil familias detallistas abandonadas a su suerte.

Jurídico.

El nuevo reglamento de circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural, creado mediante resolución ministerial  no. 112 del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente del 16 de junio de 2006, infringe la ley 1008 y su decreto reglamentario 22099.

En el capítulo II, articulo 4, inciso II de la resolución 112/06 cita: “los productores de la hoja de coca…serán los únicos que comercializaran su producto del productor al consumidor, de acuerdo a la oferta y la demanda en todo el territorio nacional…”

Con esto se infringen los artículos 15 y 19 de la ley 1008 y el artículo 9 del reglamento de dicha ley porque el Estado ya no fiscaliza la comercialización de la hoja de coca por medio de los mercados autorizados de Villa Fátima y Sacaba.

Ley 1008

ARTICULO 15º.- La producción, circulación y comercialización de la coca quedan sujetas a la fiscalización del Estado a través del órgano competente del Poder Ejecutivo y serán objeto de reglamentaciones especiales dentro del marco jurídico de la presente ley.

ARTICULO 19º.- Es responsabilidad del Poder Ejecutivo conocer el origen y destino de la producción de coca así como definir las rutas y medios de transporte para su traslado a los mercados legales de consumo, para lo cual dicho órgano establecerá un sistema de permisos y controles tanto para productores como para transportistas y comerciantes. Toda violación a la presente disposición convertirá a la coca en ilegal y estará sujeta a las sanciones establecidas en la presente ley.

Decreto 22099. Reglamento de la ley 1008.

ARTICULO 9º.- Los productores y/o comercializadores de hojas de coca que no dirijan el producto a los mercados primarios, serán sancionados con el decomiso y consiguiente incineración. Queda prohibido el establecimiento de trancas que no sean expresamente autorizadas por los organismos legalmente competentes; así como la emisión de valores, comprobantes y recibos no permitidos por disposición legal.

Narcotráfico

Es  mucho más difícil controlar a 120.000 productores de hoja de coca que a 6.000 comerciantes detallistas. Está claro que existe, también con esta medida, un favorecimiento al narcotráfico por parte del gobierno de Evo Morales.

Gran parte del destino de la comercialización de hoja de coca es el departamento de Santa Cruz, donde “coincidentemente” se vienen descubriendo las grandes fábricas de droga de hasta una producción diaria de 36 toneladas de cocaína por año.

La producción de 10.000 hectáreas de coca se dirige al mercado legal. 20.000 hectáreas, equivalente a dos tercios de la producción de coca del país se destina al mercado ilegal. La comercialización de la hoja de coca destinada al narcotráfico no está siendo interdictada y los datos lo reflejan porque menos del 1% es incautada o retenida, para su posterior incineración.

El Gecc, grupo especial de control de la coca, dependiente de la Felcn, ya no tiene razón de existir. Así lo determinan las nuevas disposiciones del gobierno de Evo Morales.