El máximo tribunal de Chuquisaca concedió un hábeas corpus al ex Prefecto de Pando.
Felicidad: los abogados de Leopoldo Fernández y las hijas de éste se felicitan tras conocer el fallo.
La Prensa
Tensión. La Corte Superior del Distrito de Chuquisaca encontró irregularidades en la detención de la ex autoridad departamental y consideró que él debería enfrentar un juicio de responsabilidades en Sucre, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia. El Poder Ejecutivo presentará hoy un recurso de amparo constitucional y ratificó que Fernández fue aprehendido por su presunta participación en hechos de terrorismo y genocidio en la matanza de Porvenir.
Dos hijas del ex Prefecto siguieron con nerviosismo el desarrollo de la audiencia de más de cinco horas.
La Corte de Distrito de Chuquisaca determinó ayer que el prefecto elegido de Pando, Leopoldo Fernández, sea trasladado a Sucre y puesto a disposición del Fiscal General en el marco del juicio de responsabilidades iniciado por este último. El Gobierno anticipó que no dará curso a esa decisión porque considera que es nula de pleno derecho, pues no se notificó a las autoridades recurridas.
La defensa de Fernández interpuso el sábado un recurso de hábeas corpus que fue resuelto ayer y declarado procedente en una audiencia que duró cerca de cinco horas, con los votos a favor de los vocales Oswaldo Fong (presidente de la Sala Penal) y Elena Lowental, y en contra de la vocal Teresa Rosquellas.
Esta última había argumentado que el Prefecto elegido de Pando, al haber asumido su defensa en la audiencia de medidas cautelares, se sometió a jurisdicción de las autoridades, por lo que debió haber planteado el recurso ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema.
Los magistrados que votaron por dar curso al hábeas corpus también coincidieron en que el juez de Instrucción en lo Penal del Distrito de La Paz, Williams Dávila, actuó sin competencia al disponer la detención preventiva de Fernández, desoyendo incluso una orden de la Suprema, que anteriormente dispuso el traslado de Fernández a Sucre.
El ex Prefecto está recluido desde el 18 de septiembre en el penal de San Pedro, en el marco de un juicio ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir el 11 de septiembre. Se le acusa de asesinato, asociación delictuosa y terrorismo.
La resolución de ayer obliga además a las autoridades penitenciarias a que en un plazo de 48 horas pongan al detenido a disposición del fiscal general, Mario Uribe, quien deberá reasumir sus funciones de investigador sobre lo ocurrido en Pando el mes pasado porque “no puede delegar funciones” a la comisión parlamentaria, si bien ésta podrá actuar como coadyuvante del proceso.
Tras conocer esa determinación, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, y su colega de Justicia, Wilfredo Chávez, anunciaron, por separado, que el Ejecutivo desacatará la determinación de los jueces capitalinos.
“Estamos imposibilitados —dijo Chávez— de cumplir un fallo que es totalmente ilegal”.
Gamarra explicó que se cometieron irregularidades, entre ellas, que no se notificó a las autoridades recurridas, a saber, los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel, quienes se encuentran fuera del país.
Sin embargo, en la mañana, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, cuestionó el hecho de que esa notificación haya llegado a las 10.00, unas horas antes de la audiencia prevista para las 16.00, lo que les imposibilitaba preparar una defensa legal. Observó también que por jurisdicción el hábeas corpus no podía ser resuelto en Sucre, porque el domicilio de los ministros recurridos está en la sede del Gobierno.
Esa autoridad y el viceministro Chávez habían anticipado que la Corte de Distrito de Chuquisaca iba a emitir un fallo de esa naturaleza porque, en criterio del primero, el caso fue derivado a una sala que antes favoreció al ex prefecto paceño Luis Alberto Valle con su libertad.
Chávez anunció que el Ejecutivo presentará hoy un amparo constitucional ante un tribunal de garantías de La Paz.
Gamarra también comunicó el inicio de un juicio por prevaricato contra los vocales Oswaldo Fong y Elena Lowental, quienes votaron a favor del hábeas corpus.
Frente a la negativa del Ejecutivo de acatar el fallo de la Corte de Chuquisaca, el abogado de Fernández, Carlo Brito, dijo que el caso puede ser derivado a la Corte Penal Internacional.
El abogado constitucionalista Wilman Durán explicó que la procedencia de un recurso de hábeas corpus es de cumplimiento obligatorio, por lo que las autoridades del Ejecutivo, si se niegan a ello, pueden ser sometidas a un proceso y penadas con hasta seis años de privación de libertad.
La audiencia
La audiencia comenzó hacia las 16.00 y concluyó cerca de las 21.00. La reunión se desarrolló en medio de una bulliciosa manifestación promovida por seguidores de Fernández y por grupos afines al MAS, bandos que intercambiaron adjetivos fuera de la Corte Superior, aunque sin llegar a la agresión física.
Algunos de los seguidores de esa autoridad, que portaban banderas blancas y poleras que decían “Leo, amigo, Bolivia está contigo”, coincidieron en solicitar un juicio justo.
Fuera de la Corte de Chuquisaca también se apostaron los detractores de Fernández, quienes, por el contrario, expresaron su desacuerdo con que la autoridad destituida fuera liberada. “Los que son culpables tienen que pagar”, dijo uno de ellos.
A la par de iniciarse la audiencia en Sucre, las víctimas de la masacre de Porvenir y sectores afines al MAS, tal el caso del Movimiento Cívico Popular, iniciaron una vigilia en las afueras del penal de San Pedro para “impedir” el traslado del ex Prefecto a Sucre.
Estos grupos se apostaron fuera del recinto carcelario para también impedir que visitara a Fernández la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, quien llegó a la sede del Gobierno expresamente para ello.
En la audiencia de ayer estuvieron presentes dos de las hijas del ex Prefecto. “El fallo demuestra que podemos confiar en la justicia. Seguiremos luchando hasta que nuestra familia vuelva a ser la misma y que nuestro padre vuelva a casa”, expresó Pamela Fernández.
El prefecto cruceño, Rubén Costas, dijo sentirse satisfecho por la decisión de los vocales. Criticó a los movilizados afuera del penal de San Pedro porque, comentó, son “manejados”.
Repercusiones
“Es correcto (el fallo a favor de Leopoldo Fernández) porque la Corte de Justicia no había definido la situación de él, y no puede estar privado de libertad sin que el juez competente defina la situación jurídica. El tribunal de hábeas corpus ha restablecido las garantías constitucionales de libertad”.
Wilman Durán
Abogado constitucionalista
“Lo que llama la atención es que la Corte Superior no notificó adecuadamente al Ministro de Gobierno. Ahora el Gobierno está obligado a cumplir el mandato bajo pena, si no, se abriría el proceso penal en contra de estas autoridades, quienes no cumplan con el recurso”.
Iver Pereira
Abogado constitucionalista
“Hemos acompañado todo lo que ha ocurrido con el gobernador Fernández, le hemos dado permanentemente nuestro apoyo y hemos criticado también la forma como se ha manejado este caso, por tanto el veredicto de la Corte Superior de Justicia ha actuado en base al marco legal”.
Carlos Dabdoub
Prefectura de Santa Cruz
“Nosotros opinamos que los órganos jurisdiccionales deben emitir criterio sobre esto, porque se está hablando de los derechos de ciudadanos, y quien administra son las instancias judiciales. Me parece que esto no debería ser un debate político”.
Mauricio Lea Plaza
Prefectura de Tarija
“Como lamentable y vergonzoso podemos calificar este fallo de la Corte Superior de Justicia. El fallo no nos sorprende porque conocemos la composición de la Sala Penal , es un fallo cuestionado y político para que Leopoldo Fernández nunca sea juzgado”.
Mary Carrasco
Abogada
“Estamos hondamente preocupados con esa decisión (…) tomando en cuenta la gravedad de los hechos, el número de víctimas que han caído con un liderazgo que da mucho que desear. En esa línea, esperemos que este fallo no eche un manto a la impunidad. Esto crea desconfianza en la población”.
Rolando Villena
Presidente Derechos Humanos