La Asamblea Legislativa Plurinacional debe avalar la decisión del gobierno de ampliar el estado de excepción

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, justificó la promulgación del decreto de ampliación del estado de excepción y expresó su confianza en que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) otorgue su aval, con el fin de preservar la paz social en Bolivia ante las persistentes amenazas de sectores movilizados que buscan desestabilizar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

«Aún quedan problemas por resolver y puede haber algunas acciones  destinadas a paralizar el país. Nuestra obligación es prevenir y no aguardar a que las carreteras vuelvan a ser bloqueadas; trabajamos para garantizar la continuidad de las actividades económicas en el territorio nacional», argumentó la autoridad.

“Aún quedan problemas que resolver. O sea, pueden haber algunas acciones para volver a paralizar el país. Nuestra obligación es prevenir, no es esperar, no podemos esperar de que se llenen las carreteras de bloqueo (…), más bien estamos tratando de que el país continúe en la tranquilidad”, explicó.

La noche de este lunes, el presidente Paz y su gabinete ministerial aprobaron el decreto que extiende por 90 días el estado de excepción instaurado el pasado 20 de junio. La medida extraordinaria fue dispuesta originalmente para neutralizar un cerco de 53 días que demandaba la renuncia del mandatario, movilización impulsada por sectores afines a Evo Morales, organizaciones campesinas y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).

De acuerdo con la Ley de Regulación del Estado de Excepción, la medida de excepción «se podrá ampliar por un periodo de 90 días previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes».

Justiniano confirmó que asistirá a los requerimientos del Órgano Legislativo para fundamentar la necesidad de la prórroga, así como para presentar un informe detallado sobre los operativos para mantener la paz social en los últimos tres meses.

De no ser ratificado por el plenario legislativo, el régimen de excepción fenecerá este viernes, por lo que el Ejecutivo urge celeridad en su tratamiento. Durante las últimas semanas se registraron bloqueos de productores agropecuarios en Santa Cruz en rechazo al Decreto Supremo 5676 —que ajusta los costos del diésel—, los cuales fueron levantados tras mesas de negociación.

«Hemos actuado operativamente ante la instalación de bloqueos: en algunos puntos intervenimos de manera directa, en otros la presencia policial y militar tuvo un carácter disuasivo y en diversos escenarios priorizamos las mesas de diálogo. La protesta pacífica está plenamente garantizada, pero el bloqueo de vías es un delito que no será tolerado», enfatizó el ministro.

Además, reiteró su expectativa de que «los parlamentarios autoricen esta medida para asegurar la transitabilidad en las carreteras y garantizar la estabilidad social del país hasta fin de año».