Estados Unidos retiró la visa al fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y a otras autoridades por vinculaciones y favorecimientos al narcotráfico
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La revocación de visados y las acusaciones emitidas contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, así como contra otras autoridades judiciales, policiales y fiscales, «son muy graves», por lo que se solicitará a Washington información complementaria y colaborará con las investigaciones que se inicien, informó el Gobierno.
Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, fijaron en conferencia de prensa la postura oficial del gabinete del presidente Rodrigo Paz ante la reciente determinación estadounidense.
«Las declaraciones emitidas por parte de Estados Unidos son muy graves, muy graves, y corresponde que sean esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y, como siempre sostenemos, con pleno respeto al debido proceso», afirmó Justiniano.
Como no había ocurrido en la historia reciente, Washington sorprendió este lunes con la publicación de una lista de personalidades a las que decidió retirar el visado de ingreso a Estados Unidos, entre ellas el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, máxima autoridad del Ministerio Público en Bolivia.
En la nómina también figuran el exministro de Justicia, Iván Lima, además de tres fiscales, tres jueces, un magistrado, otras dos exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario. En total, la sanción diplomática alcanza a 13 autoridades y exautoridades.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, aseguró que la actual administración recabará mayor información de la embajada estadounidense sobre las acusaciones que pesan contra los implicados y anunció que el Ejecutivo colaborará con las instancias llamadas por ley para esclarecer los hechos.
«Esta situación es un examen para nuestra institucionalidad democrática y para una actuación independiente; una prueba que naturalmente debe estar basada en evidencias, pero que dé cuenta de un aspecto fundamental para los bolivianos: que podemos confiar en nuestras instituciones», advirtió Aramayo.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el hecho de que Washington haya hecho pública su decisión y los señalamientos da cuenta de que la información potencialmente tiene sustento, dada la rigurosidad de la administración estadounidense en este tipo de casos.
«La revocación de visas al fiscal y a otras autoridades responde a datos que han llegado desde Estados Unidos, y la política norteamericana en esto es muy seria. Si han emitido estas revocaciones debe ser porque tienen pruebas. Vamos a pedir información complementaria sobre este tema e iniciaremos las investigaciones en los diferentes órganos del Estado», afirmó Oviedo.
Rodeado de fiscales departamentales, Mariaca se pronunció desde Sucre, sede de sus funciones, para rechazar la determinación estadounidense y negar los cargos en su contra. Además, vinculó la medida con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía boliviana sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo.
«Respetamos las decisiones soberanas de los Estados Unidos, pero esperamos que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia», afirmó el Fiscal General en conferencia de prensa tras conocerse la cancelación de su visado.
En tanto, desde el Órgano Legislativo se solicitó que la autoridad se aparte del cargo mientras se efectúan las pesquisas, postura sobre la cual el ministro Oviedo evitó emitir criterio.
